Guillermo Díaz Rodríguez cayó en la droga a los 21 años. De la marihuana pasó a la cocaína; de la cocaína, a la pasta base; y de la pasta base, a un derivado bautizado como “cera”, la nueva “epidemia callejera” que invade los sectores más vulnerables del país y que consumió al hijo de Cecilia Rodríguez, hoy recluido por violencia intrafamiliar en el Módulo 88 del Centro Penitenciario Santiago 1.
“Nunca hablaba de sus problemas. Nunca pidió ayuda. Es un pajarito volando”, relata la mujer, cuyo hijo padece un grave trastorno de salud mental relacionado con su severa adicción a las drogas y por el que espera, privado de libertad, un cupo en el Hospital Psiquiátrico Horwitz Barak. Su diagnóstico es psicosis y trastorno de delirios, según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la OMS, tipificados como trastornos mentales.
Cecilia asegura que cuando fue a visitarlo a la cárcel, “él no me reconoció. Estaba descalzo, con las calcetas mojadas y su ropa húmeda, con mucho temor y con graves secuelas producto de golpes en su cabeza que le hicieron perder la visión de un ojo”.
Guillermo es uno entre alrededor de 80 internos recluidos en el Módulo 88. Casi la mitad sufre alguna clase de trastorno psiquiátrico. Y hay otros tantos con enfermedades como tuberculosis o sarna.
“Nosotros queremos volver al módulo 2. Ahí tienen (presos) a cuatro gendarmes que cometieron delitos en Santiago 1 y les habilitaron ese módulo. Y a nosotros nos cambiaron. A ellos los deberían tener aquí y a nosotros allá. Somos 75 y ellos 4. Pero como son gendarmes, a ellos los acomodan, les dan regalías”, asegura un interno que nos hizo llegar su testimonio.
Las madres de los internos que entrevistamos para este artículo confirman la denuncia: sus hijos se encontraban inicialmente en buenas condiciones cuando permanecían en el Módulo 2, pero que su traslado se produjo tras la detención y reclusión de funcionarios de gendarmería involucrados en la Operación Apocalipsis.
Un funcionario de Gendarmería que solicitó resguardo de su identidad aseguró a EL DÍNAMO que los internos “especiales”, como llaman a los pacientes psiquiátricos que esperan un cupo de tratamiento en el Hospital Horwitz, se encontraban en buenas condiciones de reclusión cuando habitaban el Módulo 2. Y afirma que por órdenes superiores fueron trasladados al módulo de castigo para que esa área fuera ocupada por los gendarmes imputados por integrar la mayor organización criminal carcelaria desbaratada hasta ahora en nuestro país.
El 14 de mayo, Tamara Madariaga, psicóloga de profesión y madre de otro joven interno diagnosticado con esquizofrenia, envió al INDH una denuncia por tratos inhumanos y vejatorios “que parecieran ser parte de un archivo de centros de tortura, lo que contraviene todos los compromisos del Estado de Chile en materia de Derechos Humanos”, al mantenerlos “sin agua potable, electricidad e insumos básicos para que puedan alimentarse en condiciones humanas y no como animales, como lo están haciendo al comer en el suelo”, consigna la misiva.
Al día siguiente, un equipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos visitó el recinto y comprobó las pésimas condiciones en que se encuentran los presos.
Los profesionales lograron constatar durante el recorrido las deplorables condiciones del espacio carcelario: servicios básicos inexistentes, sin agua ni electricidad, duchas ni lavamanos. Los reclusos han tenido que defecar en bolsas plásticas debido al deplorable estado de los inodoros. En esas condiciones el contagio de tuberculosis y sarna se ha extendido entre los internos.
Según Cecilia Rodríguez, en el módulo les han suministrado fármacos como quetiapina, un antipsicótico que ayuda a controlar los síntomas de la esquizofrenia y del trastorno bipolar, pero de forma automedicada. “Se lo dan día y noche para mantenerlos durmiendo. Pero mi hijo no tiene recetada esa pastilla por el psiquiátrico”, se lamenta.
Recurso de amparo
En virtud de estas graves vulneraciones, la defensora de Derechos Humanos, Úrsula Eggers Gutiérrez, interpuso un recurso de amparo ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, adjuntando todas las fotografías recopiladas por los propios familiares de los reclusos.
La acción legal consigna que, después de la visita del INDH, los internos sufrieron duras represalias por parte de personal de Gendarmería, que “ha golpeado en reiteradas ocasiones a personas del Módulo 88” como una forma de castigo. Además, les quitaron “frazadas, colchones y se les amenazó con un nuevo traslado a distintos módulos para mezclarlos con el resto de la población penal, lo que implica un grave riesgo para estas personas”.
El titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Ponciano Sallés, ofició con carácter urgente a Gendarmería de Chile para que informe a la brevedad no solo cuántos reclusos se encuentran a la espera de un tratamiento psiquiátrico, sino también sobre el funcionamiento de los servicios higiénicos, su estado de salud, enfermedades, lesiones recientes y eventuales sumarios administrativos vinculados a estos graves hechos que contravienen el artículo 457 del Código Procesal Penal y las garantías que la Constitución Política de la República consagra para todas las personas en su artículo 19 N.° 7. Además, el magistrado remitió los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue la comisión de delitos.
Hasta el cierre de esta nota, Gendarmería no ha emitido comentarios sobre la situación, pese a los repetidos intentos de El Dínamo.
