En el Juzgado de Garantía de Viña del Mar presentaron una querella en contra del ministro de Vivienda, Iván Poduje, por la demolición de casas en el sector de El Olivar.
La acción judicial, según reveló T13, fue presentada por la Empresa Social Arquitectura Limitada (SARQ), quienes estaban a cargo de gestionar las viviendas que se entregarían a los afectados por el megaincendio de 2024.
En ella se apunta a que el secretario de Estado “utilizó el aparato estatal para cometer delitos, interferir ilegalmente en contratos vigentes, y dictar resoluciones manifiestamente injustas”.
Se plantea que Poduje ideó un plan antes de asumir como titular de Vivienda para excluir a SARQ y a la Constructora San Sebastián del proyecto con el objetivo de liderar la reconstrucción con empresas de su preferencia. Una vez en el cargo habría realizado funciones exclusivas del Serviu y así paralizar las obras.
Para justificar la salida de las empresas a cargo, habría amenazado a inspectores del Serviu para que realizaran informes falsos con “graves fallas constructivas” inexistentes. De esta forma podría convencer a vecinos de finalizar los contratos con dichas constructoras.
“Esperamos que en una investigación objetiva e independiente, el Ministerio Público pueda esclarecer los hechos, que se han desarrollado con presiones a funcionarios, falsificación de instrumentos públicos, engaños a las familias damnificadas y una demolición innecesaria, incurriendo en fraude al Fisco”, agregaron en el documento.
En la querella, además del ministro Poduje, también se incluyó al seremi de Vivienda de la Región de Valparaíso, Marcelo Ruíz; y el director (s) del Serviu Valparaíso, Rodrigo Muñoz.
En ella se imputan delitos como prevaricación administrativa reiterada por “dictar resoluciones manifiestamente injustas y fuera de sus competencias legales”, además de la falsificación ideológica de instrumento público al “faltar a la verdad en hechos sustanciales y presionar a funcionarios para antedatar documentos”.
Junto con ello también se suman otros como uso malicioso de instrumento público falso y fraude al Fisco.
