La Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Pablo Mirán, dejó sin efecto la resolución que creaba la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI). Junto con ello, desvinculó a las tres personas que se desempeñaban en ella.
Los funcionarios fueron notificados este martes 30 de junio, luego de que el pasado 22 de dicho mes se firmara el documento que cerraba la instancia creada en febrero como parte de las recomendaciones de la mesa interinstitucional conformada en 2024 para abordar el tema.
Ananías Reyes, encargada de esta unidad, declaró a BioBioChile que la decisión del Gobierno “es un retroceso de Estado en la respuesta a víctimas que han sido particularmente postergadas y que requieren justicia”.
Pese a la importante misión que tenían, la labor se vio entorpecida, puesto que con la nueva administración que asumió en marzo, dejaron de recibir respuestas desde el gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Debido a eso, no se logró concretar reuniones claves con el Servicio Médico Legal y el Poder Judicial para iniciar el sistema de búsquedas y el Banco de Huellas Genéticas.
“Era parte del trabajo que estábamos realizando, armar el reglamento para su funcionamiento. Nosotros hicimos una primera propuesta para conversarla en una reunión con el SML, y esa es precisamente la reunión que el gabinete nunca gestionó“, reclamó Reyes.
La explicación de la Subsecretaría de Derechos Humanos
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos explicaron que la decisión de cerrar la unidad a cargo de abordar las adopciones ilegales se debió a un nuevo “enfoque estratégico” y porque buscan reasignar funciones compatibles con las nuevas directrices gubernamentales y ministeriales. Aún así dejaron en claro que el trabajo continuará realizándose pero con una nueva estructura.
Por otro lado, explicaron que la instancia se creó bajo una resolución el 16 de febrero de 2026 para ejecutar una búsqueda administrativa que, según la Ley de Reajuste, solo puede iniciarse con un requerimiento judicial, indicó BioBioChile. Durante tres meses, tres funcionarios trabajaron en ella con un sueldo mensual que, en total, bordeaba los $10 millones.
Aún así, en todo ese tiempo, aseguraron que el requerimiento no se efectuó. Por lo mismo se decidió reasignar las funciones al gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos y contratar a otro profesional especializado para continuar con el trabajo a partir del 1 de julio.
Con esto, indicó la subsecretaría, buscan “resguardar una gestión eficiente de los recursos” y que esto “no implica el término del trabajo que desarrolla la Subsecretaría en materia de adopciones forzadas e irregulares”.
