Una de las crisis más fuertes que envolvió al Gobierno de Gabriel Boric y al entonces oficialismo, cerró su capítulo judicial este viernes. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago cerró la investigación de la fallida compraventa de una de las casas de Salvador Allende, luego de que el Ministerio Público decidiera no perseverar en la causa.
El inmueble ubicado en calle Guardia Vieja 392 iba a ser adquirido por el Ministerio de Bienes Nacionales junto con una propiedad del expresidente Patricio Aylwin a inicios de 2025 para habilitarlas como museos. Sin embargo, pronto fue objeto de controversia que las beneficiarias de la compraventa fueran Maya Fernández, entonces ministra, y la senadora Isabel Allende, especialmente en el caso de ésta última, debido a que la Constitución prohíbe que parlamentarios celebren contratos con el Estado.
El caso supuso una dura prueba para la relación entre el Gobierno y el Partido Socialista, que vio como una de sus figuras más emblemáticas era destituida del Senado meses después de que el Ministerio de Bienes Nacionales desistiera de la compra. Adicionalmente, renunciaron a sus cargos la titular de Bienes Nacionales Marcela Sandoval y Maya Fernández, que inicialmente había sido respaldada por Boric. Por esta situación, el propio presidente Gabriel Boric hizo un mea culpa tanto en privado con Allende como en público hacia el final de su mandato.
Familia valora decisión del tribunal y querellante acusa impunidad
Desde octubre de 2025 que la Fiscalía Regional de Coquimbo había transparentado que no perseveraría con la investigación.”No se disponen por ahora antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados, sin perjuicio de otras informaciones que pudieran surgir”, transmitieron mediante un comunicado.
En declaraciones recogidas por radio Biobío, el abogado Diego Sporman, que representa a una de las hijas de la exsenadora, la cineasta Marcia Tambutti, respaldó la decisión del tribunal. Según señaló, varias de las diligencias eran “extemporáneas”. “El magistrado las desechó en consecuencia, y el Ministerio Público comunicó la decisión de no perseverar, respecto a la cual nosotros estamos muy conformes y de acuerdo”, añadió.
Por su parte, el abogado querellante Raimundo Palamara acusó impunidad. “Con esto finalmente quedaron impunes todos quienes operaron en esta operación inconstitucional, en que hubo un gasto fiscal humano con más de 50 funcionarios públicos que trabajaron en un contrato inviable que pretendía darle un negocio indefinido a la familia Allende a través de sus fundaciones”, aseveró, según consigna La Tercera.
