La Contraloría General de la República dio por acreditada la denuncia realizada por una ex asesora de la concejala de Ñuñoa, Daniela Bonvallet (IND), y determinó su responsabilidad administrativa por acoso laboral y vulneración grave al principio de probidad.
Ante esto, el organismo dirigido por Dorothy Pérez entregará todos los antecedentes al Concejo Municipal de Ñuñoa para que analice la eventual destitución de Bonvallet, según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Junto con ello, se dispuso que el Ministerio Público tome conocimiento de la investigación y verifique la posible constitución de delitos.
El caso surgió tras la denuncia realizada por Jimena Covarrubias, quien acusó numerosos episodios de maltrato y presiones económicas mientras prestó labores para Daniela Bonvallet, aportando como medios de prueba una serie de documentos, como transferencias bancarias, audios y conversaciones.
A esto se sumó la indagatoria por supuestos pedidos de dinero de la concejala a su asesora, lo que según Contraloría, podían constituir una infracción grave al principio de probidad administrativa.
