Un grupo transversal de diputados presentó el proyecto “No más ruidos”, que pretende ampliar las herramientas de los municipios para enfrentar viviendas y locales que registren reiterados problemas de convivencia.
La propuesta permitiría solicitar ante los Juzgados de Policía Local el cierre temporal de inmuebles vinculados a ruidos molestos, comercio ilegal y otras situaciones que afecten la tranquilidad, seguridad o salubridad de los vecinos.
La iniciativa es encabezada por el diputado César Valenzuela (PS), junto con Álvaro Ortiz (DC), Andrea Parra (PPD), Mario Olavarría (UDI) y Carolina Tello (FA).
Valenzuela apuntó a propiedades que “sirven de base para situaciones que afectan gravemente la convivencia vecinal“. En esa línea, cuestionó especialmente el uso de departamentos como centros de fiestas clandestinas: “Quizás el caso más emblemático son estos departamentos donde se instalan verdaderas discotecas que no permiten a los vecinos y vecinas descansar en los horarios que corresponde”.
De acuerdo con la propuesta, para solicitar la clausura deberán registrarse al menos tres infracciones durante un periodo de tres meses y demostrarse que estas provocaron un perjuicio grave en el entorno. La medida podría aplicarse tanto a inmuebles residenciales como comerciales y deberá ser determinada por un juez, de modo que el cierre no dependa exclusivamente de una resolución municipal.
Los Juzgados de Policía Local podrían establecer clausuras de entre 15 y 90 días, aunque el periodo aumentaría hasta 180 días en situaciones de mayor gravedad, como la presencia de armas o municiones, elementos incendiarios, delitos relacionados con la Ley de Drogas, peligro grave para terceros o reincidencia.
Asimismo, Valenzuela cuestionó que actualmente las sanciones municipales muchas veces tengan poco efecto, ya que “la única alternativa que tienen los municipios es la fiscalización que se traduce en partes, que en la mayoría de las oportunidades no son pagados, no se logran notificar a las personas y finalmente se transforman en sanciones que son simbólicas”.
“Se trata de una herramienta efectiva para los municipios y para los juzgados de policía local para hacerse cargo de este problema y, en definitiva, que podamos garantizar de verdad y no con sanciones simbólicas el derecho que tienen las personas a vivir tranquilas”, concluyó el diputado.
