El nuevo Estado de Excepción que propone el Ejecutivo en la reforma constitucional de seguridad no recibe respaldos en el Congreso. Tampoco en la opinión pública, según reveló la última edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem.
Esta disposición del proyecto, a diferencia de los Estados de Excepción Constitucional que ya están en la Carta Fundamental, tendrá una duración de 120 días prorrogables por otro periodo de la misma duración, sin necesidad de que ello sea aprobado por el Congreso. Entre otras medidas, se faculta al Presidente de la República para restringir el derecho a reunión, desplegar Fuerzas Armadas en ciertas zonas, así como para ejecutar interceptaciones telefónicas y requisiciones de bienes.
Respecto de esta medida, solo un 37% está de acuerdo con que pueda ser decretado sólo por el Presidente de la República y un 52% en contra. El apoyo, no obstante, crece a 52% si el Estado de Excepción cuenta con la aprobación del Congreso.
Las medidas con más apoyo
Las disposiciones que concitan mayor respaldo son requisar bienes de miembros del crimen organizado o terroristas (88%) y permitir que las FF.AA. apoyen a Carabineros (78%). En el extremo contrario se encuentra la interceptación de comunicaciones (46%), las restricciones a la libertad de tránsito (40%) y al derecho a a reunión (27%).
La agenda en su totalidad es respaldada por un 50% y rechazada por un 39%. La adhesión es mayor en la derecha (78%), disminuye en el centro (58%) y la desaprobación sube entre los identificados con la izquierda (71%).
Por otra parte, poco más de la mitad de los encuestados (51%) no cree necesario hacer una reforma a la Constitución porque el Estado cuenta con las herramientas. Sin embargo, algunas de las disposiciones de este rango despiertan apoyo, entre ellas, que personas condenadas por delitos de crimen organizado queden inhabilitadas permanentemente para ejercer funciones o cargos públicos (89%), que se incorpore la seguridad pública como deber del Estado (81%), que se restrinja por 15 años el acceso a penas sustitutivas (80%) y con que se establezca un régimen penitenciario especial (74%).
El apoyo desciende un poco más respecto de medidas que restringen prestaciones previsionales (66%), en educación (58%) y en salud (54%).
La aprobación presidencial, por su parte, experimentó una baja de dos puntos (39%) y su desaprobación un alza de tres puntos (56%).
