Una investigación sobre irregularidades en las licitaciones de JUNAEB, se trasladó este jueves al mundo político. Un hebra que involucraría el pago de coimas y una eventual red de corrupción, hizo que el Juzgado de Garantía de Santiago, a solicitud de la Fiscalía Oriente, diera luz verde a órdenes de allanamiento contra los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (IND, parte de la bancada Evópoli), el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) y el lobbista Darío Calderón.
Según reveló Mega Investiga, inicialmente la indagatoria puso bajo la lupa las licitaciones otorgadas por JUNAEB empresa SOSER S.A., encargada de servicios de alimentación en colegios de la Región de O’Higgins. Algunas de las irregularidades investigadas eran declaraciones abultadas de raciones, pagos improcedentes con fondos públicos, eventuales beneficios a responsables de colegios y del Programa de Alimentación Escolar, entrega de información falsa en los sistemas institucionales y alimentos supuestamente contaminados.
Sin embargo, ahora la investigación pretende dilucidar si hubo un mecanismo elaborado para beneficiar intereses ajenos, consistente en favorecer la salida de fiscalizadores, así como pagos de coimas para intervenir en decisiones de JUNAEB.
Por ello, entre los investigados figura la exdirectora nacional de JUNAEB Camila Rubio, los exjefes de departamento Claudio Alcatruz y Francisco Pizarro y los funcionarios Alejandro Layseca y María José Robles. También se indaga a los ejecutivos Jaime Rey Cortés y Matías Pizarro O’Ryan.
Todo, para esclarecer si hubo delitos de cohecho, soborno, falsificación de instrumento privado, delitos contra la salud pública, tráfico de influencias y lavado de activos.
Desde la Fiscalía Oriente confirmaron que están ejecutando medidas intrusivas en domicilios de la Región Metropolitana, las oficinas de la JUNAEB y del Congreso Nacional, para incautar dispositivos electrónicos y el análisis de correos.
JUNAEB, en tanto, sostuvo que han colaborado desde hace tiempo con la Fiscalía en la entrega de información y que solamente hay un funcionario activo investigado, en la Región de O’Higgins. “Lo que se busca son antecedentes de la gestión anterior”, especificó el director nacional Fernando Peña.tigación