La comisión de la Cámara de Diputados encargada de revisar la acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, escuchó los argumentos del libelo acusatorio.
En la oportunidad, el diputado Andrés Longton (RN) se refirió a los dos capítulos que contiene el texto. Sobre el primero, que hace referencia a la responsabilidad constitucional de la exsecretaria de Estado por infringir las normas para conceder indultos, el legislador sostuvo que no se cuestiona la facultad del Presidente de la República para indultar, sino cómo esta se gestó.
Agregó que la falta de antecedentes le hizo al Primer Mandatario tomar una decisión carente. “No fue una decisión acertada ni del punto de vista político ni legal”, afirmó.
El parlamentario señaló que, en este caso, existe una ilegalidad respecto de cómo está dictado el decreto. “La ministra de Justicia tiene la obligación de asesorar al Presidente de la República (…). No solamente no lo asesoró bien, sino que incurrió en la falta de antecedentes”, resaltó el legislador.
Por otra parte, el diputado Longton hizo mención al segundo capítulo del libelo acusatorio. Este imputa a la exministra falta de control jerárquico en el otorgamiento de beneficios penitenciarios y traslado por parte de Gendarmería a ciertos presos de la macrozona sur.
En este contexto, el parlamentario aseguró que se otorgaron beneficios que no están acompañados de medidas enfocadas en la reinserción social. “Aquí, claramente, se vulneran los decretos del reglamento penitenciario (…). Lo que uno habría esperado es que la ministra tomara una medida coherente con las víctimas de la macrozona sur”, acoto.
La instancia también escuchó la exposición de la abogada Teresita Santa Cruz, quien aseguró que los indultos adolecen de vicios de legalidad. Agregó que, en el caso del indulto a Jorge Mateluna, a la exministra no le correspondía firmar el decreto, puesto que esa es una atribución reservada al Presidente.
