El Consejo Político de Revolución Democrática solicitó al Tribunal Supremo de la colectividad que expulse de sus filas a la pareja y al ex asesor de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade y Carlos Contreras, respectivamente.
Aquello, a raíz del escándalo por el millonario convenio suscrito entre la ONG Democracia Viva, que preside Andrade, y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, que encabezaba Contreras.
A través de un comunicado, la instancia política de Revolución Democrática dio a conocer que había tomado la resolución de pedir la expulsión de ambos militantes.
Infringieron la normativa interna
“Desde Revolución Democrática siempre hemos impulsado la importancia de elevar el estándar de la función pública, asegurando los principios de probidad y transparencia en la toma de decisiones”, plantea de partida el texto.
Por eso nuestra normativa interna previene al corrupción, y sanciona las faltas a la ética que los militantes cometan tanto en su vida profesional, personal o políticau0022, prosigue el comunicado.
Añade que “bajo este marco, condenamos toda conducta de algún militante que contravenga estos principios y que supongan un evidente conflicto de interés, más allá de la legalidad de los actos administrativos, pues comprendemos el daño que estos hechos generan en la confianza de la ciudadanía”.
Luego entra de lleno en el tema y apunta que “como Consejo Político Nacional, hemos llegado al convencimiento de que ambos afiliados involucrados en los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, han infringido nuestra normativa interna vigente“.
“Es por ello que hemos decidido solicitar al Tribunal Supremo que considere su expulsión en base a nuestras normas internas, que fueron creadas para prevenir y enfrentar este tipo de actos“, añade.
“Finalmente, como Revolución Democrática seguiremos haciendo esfuerzos por prevenir y detectar actos de corrupción, y estamos a disposición de colaborar con cualquier tipo de investigación y fiscalización para cumplimiento con nuestra ética partidaria, especialmente por parte de nuestros representantes y funcionarios en cargos de confianza en el Gobierno”, concluye la declaración.
