Patricio Cooper, fiscal regional de Coquimbo, está a cargo de la arista ProCultura del Caso Convenios, y una de las principales diligencias que no logró llevar a cabo fue la intervención del teléfono del presidente Gabriel Boric, a quien calificó como “nuevo sujeto de interés”.
Sin embargo, las intenciones del persecutor encontraron el rechazo del Juzgado de Garantía de Antofagasta, que en noviembre del año pasado se negó en dos ocasiones a la petición del Ministerio Público.
Las razones del fiscal Cooper para buscar pinchar las conversaciones del presidente Boric fueron dadas a conocer por T13, entre las que destaca que los aportes del Estado a ProCultura aumentaron en 10 veces, a lo que sumó la conversación del jefe de Estado con Josefina Huneeus, ex esposa de Alberto Larraín.
“En comunicación de fecha 14 de Octubre de 2024 el presidente de la República y a propósito del interés de Huneeus Lagos de ingresar a trabajar al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia le expresa textual: Habla con él… si necesitas una recomendación, yo estoy disponible“, en alusión al director del organismo, Claudio Castillo.
Junto con ello, el fiscal Patricio Cooper detalló en su presentación al tribunal que “se encuentra corroborado que desde la cuenta corriente de Alberto Larraín Salas (…) se detectaron 126 transacciones entre julio del 2021 y enero 2024 por un monto total de $53.442.000 a la cuenta de destino de Sebastián Balbontín Bustamante, candidato del Frente Amplio para el cargo de alcalde de Limache, mismo conglomerado del presidente de la República. Este antecedente demuestra que efectivamente los dineros provenientes de los convenios entre el Estado y la Fundación ProCultura no fueron utilizados para los fines propios de los mismos, sino para otros fines entre los cuales está el financiamiento ilegal de campañas políticas”.
Además, el fiscal regional de Coquimbo apuntó que está “la conversación entre otras dos imputadas en esta causa que son Patricia Ilonka Csillag Pimstein (cofundadora de ProCultura) y Constanza Gómez Cruz (representante legal de ProCultura) con una tal Lucía, donde ésta última señala que se les había prometido pagos para saldar una supuesta deuda. La persona identificada como Lucía menciona justamente una conversación con el cofundador Alberto Larraín Salas, donde a la solicitud de dinero, éste le habría contestado: no, gasté esta plata en la campaña de Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”.
Ante esto, para Patricio Cooper, “dineros provenientes de convenios que se adjudicó ProCultura derivaron en otros fines, específicamente en financiamiento irregular de la campaña del actual presidente de la República. La posible veracidad de esta afirmación se puede fundar en el antecedente anterior, es decir, la estrecha relación entre Larraín Salas y el actual presidente de la República”.
La negativa de la Justicia a pinchar el teléfono de Boric
Sin embargo, para el Juzgado de Garantía de Antofagasta esto no fue suficiente para autorizar la intervención de las comunicaciones de Gabriel Boric, aseverando en su resolución que “el hecho que la persona respecto de quien se pide la diligencia sea amiga o no de quien figuraba como director ejecutivo de la Fundación Procultura (Alberto Larraín), no lo hace merecedor de sospecha o reproche penal”.
“Puesto que no se ha dado cuenta de hechos concretos que permitan determinar esa circunstancia, no siendo suficiente que la ex pareja (Irina Karamanos) hubiese prestado declaración en calidad de imputada y se quiera apoyar en su defensa o que por el solo hecho de ocupar determinado cargo al tiempo que aumentan las asignaciones a la fundación sean derivadas directamente de la intervención de este individuo”, argumentó el tribunal.
En esta línea, recalcó que “tampoco se han aportado antecedentes fidedignos que los fondos asignados a la fundación hubiesen sido destinados a actividades políticas y que de aquello tuviera conocimiento este tercero”.
