Cuentas alegres saca la Contraloría y, en particular, la contralora general, Dorothy Pérez, tras destapar el uso fraudulento de licencias por parte de más de 25 mil funcionarios públicos que fueron descubiertos utilizando el reposo para viajar fuera del país entre el periodo 2023 – 2024.
Y es que el revuelo provocado por el caso ha repercutido no sólo en las medidas a tomar para frenar la situación, sino que también ha puesto sobre la mesa la idea de dar más atribuciones y recursos a la Contraloría para fiscalizar el uso de licencias.
Pero los efectos —positivos— no se quedan ahí. Junto al fortalecimiento que se propone para la Contraloría, la imagen de Dorothy Pérez se ha elevado a una suerte de factótum de la fiscalización a la labor pública, agenda con la cuál se ha apoderado de su rol tras su asentamiento como titular de la CGR.
De enemiga de Bermúdez a apoderarse de la Contraloría
A pesar de estar respaldada transversalmente por el Congreso, y a nivel público se ha elevado su figura por poner en la palestra un tema que se venía esquivando, el camino de Pérez hasta este lugar no ha estado exento de polémicas y confrontaciones.
De hecho, su arribo a la titularidad de la Contraloría estuvo precedido por un conflicto público con el ex contralor Jorge Bermúdez, quien la apartó del cargo que ostentaba como su mano derecha tras acusar “pérdida de confianza” en el desempeño de sus funciones como subcontralora general.
La historia es conocida: Bermúdez le solicitó la renuncia a Pérez en 2018, y está al negarse, el entonces contralor decidió declarar el cargo como vacante reemplazándola por María Soledad Frindt. Pérez, sin embargo, se aferró al cargo y presentó un recurso de amparo el cual ganó siendo ratificada como segunda al mando de la CGR.
Así, tras años de una distante convivencia de Bermúdez, en noviembre del año pasado —con el cargo vacante al cumplirse el mandato del ex contralor— el Gobierno decidió nombrarla como su carta ante el Senado para la titularidad del cargo que ya venía ejerciendo como subrogante desde fines de 2023.
Desde ese entonces, inmediatamente después de que Bermúdez abandonara el piso 9 de la Contraloría, Pérez inició un proceso de reestructuración en el ente fiscalizador que conllevó, entre otras medidas, desarticular el Departamento de Medio Ambiente y reimpulsar la fiscalización órganos locales con la creación de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades.
Y no sólo eso. Una vez con la titularidad del cargo en su poder, Pérez ha comenzado a impulsar una agenda apegada al control del gasto público. Inició con poner fin al criterio de su antecesor de la “confianza legítima”, decisión que la llevó a enfrentarse con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
La resolución del conflicto fue favorable, una vez más, para Pérez. La Corte Suprema le dio la razón a la contralora en su posición de que la CGR se debe abstener en la materia al ser un “asunto litigioso”, es decir, propio de los tribunales.
En el horizonte de Pérez asoman nuevos enfrentamientos en el contexto de su anuncio de querer ir más allá en la fiscalización del mal uso de licencias médicas, por ejemplo, en su intención de fiscalizar viajes al interior del país. Desde ya se han instalado dudas sobre la legalidad de acceder a este tipo de registros, pero la contralora ya cuenta con el respaldo transversal del Congreso y la opinión pública.
Lo que ganó para la Contraloría
Además de la valoración a su figura, Pérez también ha conseguido que los halagos se traduzcan en medidas concretas que aporten a la Contraloría.
En la sesión especial del Senado de esta semana se tomaron dos acuerdos unánimes por la Comisión de Salud: reformar la ley que permite los pronunciamientos de la CGR y pedir más recursos para la institución en el próximo debate de la Ley de Presupuesto 2026.
Esto último se basa en la explicación que dio Pérez para justificar el por qué se fiscalizaron sólo los años 2023 y 2024, y no se fue más atrás, lo que levantó suspicacias.
“Esto no tiene ninguna consideración política (…) Generalmente se selecciona inmediatamente el año anterior, pero otras veces hay ocasiones en que se selecciona dos o tres años. Y esto tiene que ver con la capacidad de fiscalización de nuestros fiscalizadores”, dijo Pérez aludiendo a los recursos que tiene la CGR para llevar adelante su rol fiscalizador.
Ante esa explicación, el presidente de la comisión, Iván Flores (DC) recabó la unanimidad para dejar en acuerdo que se soliciten más recursos para la Contraloría.
Otro acuerdo que impulsó Flores fue que se revise la ley orgánica de la Contraloría que prohíbe referirse al mérito oportunidad o conveniencia de medidas administrativas, luego de que Pérez se negara a valorar el comité de ausentismo anunciado por el Ejecutivo aludiendo a la prohibición.
Sumado a ello, parlamentarios ya han emplazado al Ejecutivo para que promueva una ley corta que permita dar mayores facultades de fiscalización y de sanciones a la Contraloría en esta materia en particular.
Así lo manifestó el jefe de bancada del PPD, Héctor Ulloa, quien hizo un llamado para que “se le otorgue atribuciones ampliadas a la Contraloría, una institución que, sin contar con las herramientas suficientes, ha logrado levantar las alertas en el Caso Fundaciones y ahora con las licencias médicas fraudulentas”.
En esa línea, el parlamentario planteó que se debe ir más allá en la fiscalización: “La Contraloría necesita tener acceso directo a cuentas corrientes y registros financieros cuando hay recursos fiscales involucrados. También requiere tener facultades sancionatorias efectivas, ya que actualmente no puede suspender, multar ni exigir la restitución de recursos”.
