29 días restan para que termine el mandato de Gabriel Boric y su Gobierno no ha logrado sacar adelante uno de los proyectos más emblemáticos de su administración: la Sala Cuna Universal.
En pleno receso legislativo, el tema se ha vuelto un foco de conflicto entre Boric y la UDI. El mandatario acusa al partido de trabar la iniciativa; el gremialismo se defiende asegurando que el proyecto tiene fallas técnicas y que el Ejecutivo está legislando a “matacaballo” cuando en “48 meses de gobierno no se ha hecho nada”.
Un proyecto que nació con Piñera
Más allá del cruce entre la UDI y el presidente, la historia del proyecto de Sala Cuna de este gobierno ha sido particularmente compleja. De hecho, inició en los últimos meses del gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
El fallecido exmandatario presentó no uno, sino dos proyectos de Sala Cuna Universal. El primero, ingresado el 18 de agosto de 2018, fue aprobado unánimemente por la Comisión de Trabajo del Senado, pero encontró un muro en la Comisión de Educación: el 6 de noviembre de 2019, tres senadores de oposición —Jaime Quintana (PPD), Yasna Provoste (DC) y Juan Ignacio Latorre (entonces RD, hoy FA)— votaron en contra.
¿El argumento? Según los legisladores, el texto profundizaba “la lógica de la educación con lucro” y representaba una “privatización de la educación inicial”.
Tras ese rechazo —que tuvo como telón de fondo las protestas de 2019—, el proyecto quedó bloqueado hasta el final del mandato de Piñera.
El 4 de enero de 2022, a solo dos meses de entregar el poder, Piñera presentó un segundo proyecto. Más refinado que el anterior, incorporaba un Registro Nacional de Cuidadores para formalizar el cuidado informal, bonos para cuidado en domicilio particular y mayor flexibilidad en los tipos de sala cuna. El financiamiento, uno de los puntos críticos, contemplaba una cotización del 0,1% a cargo del empleador más un aporte fiscal significativo para el primer año.
Y aunque la iniciativa no prosperó en los dos meses que le quedaban a Piñera, el mandatario dejó instalada la discusión para el gobierno siguiente.
Dos años sin tramitación
El gobierno de Boric, sin embargo, casi no tocó el tema en los dos primeros años de su administración: no realizó cambios sustantivos al proyecto y tampoco activó su tramitación.
Entre marzo de 2022 y abril de 2024, el proyecto durmió en el Congreso. Boric tuvo ocho meses —hasta noviembre de 2022— para retirarlo y presentar uno nuevo a su medida. No lo hizo. Tampoco le puso urgencia ni lo impulsó activamente durante ese período.
Cuando el 6 de junio de 2022 la Comisión de Trabajo lo aprobó por unanimidad, el Ejecutivo tampoco reaccionó. De hecho, en todo 2023 el proyecto no tuvo ningún movimiento legislativo.
El día que el oficialismo votó en contra
Tuvieron que pasar 639 días para que la iniciativa volviera a tener lugar en el Congreso. Fue la presentación del informe de la Comisión de Educación lo que trajo a colación nuevamente la iniciativa, aunque el Ejecutivo se mantenía al margen.
No fue hasta el 2 de abril de 2024, cuando la Sala del Senado votó la idea de legislar el proyecto, que el Gobierno se vio en la obligación de intervenir.
El resultado de la votación fue 24 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones. Los 24 votos a favor vinieron casi íntegramente de la oposición. Los 16 votos en contra fueron todos del oficialismo (salvo las abstenciones de Loreto Carvajal del PPD y Alejandra Sepúlveda, independiente).
Solo después de esa votación —y debido a que la oposición lo aprobó— el proyecto pudo seguir adelante.
La indicación sustitutiva: cambio de rumbo
Al día siguiente, el 3 de abril, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció que el Gobierno estaba trabajando en una “indicación sustitutiva profunda”. “Es un mal proyecto”, dijo Cataldo justificando la acción a la vez que lamentó la oportunidad desperdiciada en 2022 de haber retirado el proyecto y presentar uno propio.
“Lamentablemente, este proyecto ya está en el Congreso y no se puede retirar, porque los plazos expiraron a principios del Gobierno, en el año 2022”, dijo el ministro.
El 6 de mayo de 2024, el Gobierno finalmente presentó nuevas indicaciones que cambiaron la matriz del proyecto: ahora tiene gradualidad, importa mayor gasto para los empleadores y ya no existe la posibilidad de cuidados informales.
Con ese impulso, el Gobierno le tomó el ritmo a la tramitación: fue consensuando indicaciones, ingresó y quitó urgencia simple al proyecto en 12 ocasiones y logró superar la primera valla en la Comisión del Trabajo del Senado donde —según el Ejecutivo— se alcanzó un acuerdo técnico para aprobar el proyecto aún a falta de la votación en sala, las comisiones en la Cámara y la votación de los diputados.
La ofensiva final
Pese a que el Gobierno aceleró el tranco, no fue hasta el 26 de enero de este año que lo ingresó con discusión inmediata, a menos de dos meses de terminar su mandato. La apuesta era una tramitación express: votación en comisión, sala y trámite en la Cámara en la última semana legislativa.
Sin embargo, en la UDI negaron haber llegado a un acuerdo técnico, todo en medio de los constantes errores del Gobierno en los cálculos relacionados con el presupuesto, lo que generó resquemores en torno al informe financiero y el impacto que podría tener esta ley en las pequeñas y medianas empresas.
¿El resultado? La UDI pidió más tiempo para trabajar el texto, lo que enardeció al Gobierno y al propio mandatario.
“La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar Sala Cuna, y se lo decimos claramente: la UDI está impidiendo aprobar Sala Cuna para las mujeres de Chile. ¿Y saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante: que no quieren darle un logro al gobierno. Esto no se trata de un logro del gobierno, esto se trata de un derecho de dignidad para las mujeres de nuestra patria”, fue la réplica del presidente Boric.
Pero esta arremetida no sirvió de mucho: la oposición ya notificó al Ejecutivo que si el proyecto se aprueba, será en el gobierno de José Antonio Kast, privándolo de una pieza importante de lo que hubiera sido su legado.
