Este lunes, al mediodía, la Contraloría recibió el requerimiento presentado por el diputado Daniel Manouchehri (PS) que apunta al almuerzo del presidente José Antonio Kast con su compañeros de generación de la Universidad Católica.
La cita de camaradería, que se celebró el pasado sábado en La Moneda, desató la polémica debido al eventual gasto público en una actividad privada del presidente.
Si bien la vocera de Gobierno, Mara Sedini, aseguró que el menú —que consistió de guarniciones y carnes— fue costeado por el mismo jefe de Estado, en el palacio de Gobierno no se ha aclarado si funcionarios públicos trabajaron en el evento. Sedini, ante los requerimientos de la prensa, sólo se limitó a decir que informarán a Contraloría el detalle.
Fuentes del ente fiscalizador aseguran que durante la jornada se anunció un requerimiento oficial, sólo un día después de que el Ejecutivo contestara por el banquete brindado el día que Kast asumió el poder, el cual tiene un plazo de 10 días hábiles para ser respondido por Palacio.
La controversia por la reunión de Kast con sus compañeros universitarios llega en un momento delicado para el Gobierno. El presidente está ad portas de anunciar en cadena nacional su ambicioso proyecto de Reconstrucción Nacional y las encuestas siguen indicando una baja en su popularidad. Todo mientras en palacio siguen aquilatando los efectos del alza de las bencinas.
No existe el almuerzo gratis
Analistas y expertos consultados por EL DÍNAMO se dividen en cuanto al real peso de la polémica.
Gonzalo Müller, director del centro de políticas públicas de la UDD, asegura que el episodio no empaña el discurso de austeridad de Kast puesto que el almuerzo fue pagado con sus propios recursos. De hecho, apunta directamente a los sectores que han cuestionado al Gobierno: “La oposición debe tener cuidado de no caer en la tentación de la falsa fiscalización, donde lo que se busca es solo la cuña política de crítica sin importar la realidad o la veracidad de los hechos”, afirma.
Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, también descarta que se haya dañado el relato de austeridad, más allá de calificar como una “imprudencia” al almuerzo. “El relato de austeridad se genera a lo largo del tiempo y con una asociación de acciones. Sí, comunicacionalmente, creo que todos estamos de acuerdo que no fue una buena idea, pero no tiene que ver con la austeridad, sino más bien con la prudencia política”, dice Leturia.
Eso sí, el abogado hace el punto en que el presidente y sus asesores deben definir de forma clara los límites en torno al uso de La Moneda tomando en cuenta que es algo inédito tener a un mandatario residiendo en el palacio de gobierno.
“Hay situaciones nuevas y que va a haber que regular. No son claras sino que están en los grises y voy a poner un ejemplo: ¿Qué pasa si llega al día de cumpleaños el presidente todos sus hijos con su familias? Tenemos una pregunta porque no sabemos qué espacios están habilitados o si se tiene que prohibir ese tipo de eventos. Acá hay un tema de prudencia, creo que esto hay que regularlo porque la respuesta no es en absoluto clara”, dice Leturia.
Guillermo Bustamante, analista y académico de la Facultad de Comunicación Uandes, disiente del análisis de Müller y Leturia al apuntar que “en cierta medida” el relato del Gobierno presenta fisuras al considerar que “hay errores no forzados que políticamente son utilizados por las oposiciones para empañar la austeridad y eficiencia con que el presidente blindó el uso del Palacio de Gobierno como su vivienda”.
“El uso del Escudo de Chile en la invitación, el que sea en horario laboral y en dependencias de La Moneda dejan flancos abiertos que en realidad no tendrían por qué haber sido abiertos”, acota Bustamante.
Algo similar plantea Hernán Campos, académico de la UDP, quien sostiene que “aunque desde el Ejecutivo se ha aducido que el evento no fue financiado con fondos públicos, el episodio ha dado lugar para que la oposición reactive su ofensiva en contra del gobierno”.
Según Campos, “el problema se podría extender hacia la percepción de la población sobre la actividad, puesto que es la ciudadanía la que mayormente ha resentido las alzas anunciadas por el gobierno”.
