El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se ha transformado inesperadamente en el protagonista de los primeros 49 días del Gobierno de José Antonio Kast.
Por sobre el jefe del gabinete ministerial, Claudio Alvarado, y la titular de la cartera de Seguridad, Trinidad Steinert —quien está llamada a resolver su crisis de seguridad, principal promesa de campaña del mandatario— el jefe de la billetera fiscal se ha erigido como el rostro más requerido, nombrado cuestionado y blindado; todo al mismo tiempo.
Las razones son variadas. El Ejecutivo decidió partir su gestión priorizando la agenda de crecimiento y ajuste fiscal por sobre la seguridad. Esa decisión del mandatario, meditada junto a su círculo de asesores, ha decantado en que Quiroz deba tomar las riendas. No sólo en la parte técnica, como los suelen hacer los jefes de Hacienda, sino también en lo político lo que lo ha llevado a disentir en definiciones claves con otros ministros como el mismo Alvarado o José García Ruminot, ministro de la Segpres.
Sin embargo, durante las últimas dos semanas, a Quiroz se le abrió un flanco difícil de cerrar y justo previo al inicio de la discusión en la Cámara de Diputados de la ley de Reconstrucción con la que Kast busca cimentar las bases de su administración. Se trata de la filtración de una circular con recomendaciones para “descontinuar” programas mal evaluados y, luego, la difusión de un decreto que materializa el recorte a diversos programas sociales alojados en el Ministerio de Desarrollo Social, comandado por María Jesús Wulf.
Si bien Quiroz ha intentado contener las críticas de la oposición —y el creciente disgusto de quiénes adhieren al Gobierno de Kast—, hasta el momento sólo se han sumado antecedentes del recorte que iría a contrapelo de algunas de las promesas de campaña del presidente.
Ese es el caso de la recomendación de la DIPRES, y visada por Quiroz, de reducir en un 15% el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU). En la campaña, Kast se comprometió en debates y hasta en spots a no tocar el beneficio que llega a los jubilados. “Te amo PGU” fue el mensaje del mandatario y los republicanos ante la arremetida de la candidatura de izquierda.
Hoy, sin embargo, la rigidez de Quiroz en su plan de recorte que tiene como meta reducir en US$6 mil millones el gasto y alcanzar el equilibrio fiscal produce dudas en las fuerzas que respaldan el Gobierno de Kast.
“Hay que tener mucho cuidado con aquellos programas que tienen una alta valoración social, porque guste o no, la gente ya los tiene incorporados. El decir que se puede rebajar la PGU en un cierto porcentaje, eso no toca el corazón de los chilenos, porque es la política pública mejor evaluada y más querida del gobierno del presidente Piñera”, dice a EL DÍNAMO la vicepresidenta de la Cámara, la diputada Ximena Ossandón.
En esa línea, la diputada cuestiona la comunicación al interior de la administración Kast. “Falta otro tipo de comunicación interna entre las personas que están pensando esto (los recortes) y cómo conversa eso con los compromisos del presidente”, apunta.
A esa preocupación se suma la diputada Natalia Romero (IND-UDI), quien advierte que “nadie está disponible para que el ajuste fiscal recaiga sobre los más vulnerables. El orden fiscal es importante, sí, pero no a cualquier costo”.
Y acota: “Cuando en campaña se dijo que se iba a terminar con el gasto político, todos entendimos que el esfuerzo partiría por el Estado y no por las personas. Si hoy se pone sobre la mesa recortar ayudas sociales, evidentemente se tensiona la credibilidad. La palabra empeñada importa, y el Gobierno tiene que hacerse cargo de eso”.
