Diputados de oposición manifestaron su preocupación por el proceso que se lleva a cabo en la Alta Dirección Pública (ADP) para elegir al nuevo superintendente de Seguridad Social (Suseso).
Según informó Ex Ante, la convocatoria cerró el pasado 4 de mayo con con 342 postulaciones. Sin embargo, la notificación habría sido eliminada del historial público y el 1 de mayo se anunció una ampliación del plazo de postulación.
A raíz de esto, Rodrigo Gutiérrez, una de las cartas que se perfilaba para encabezar la Suseso decidió oficiar al Consejo de Alta Dirección Pública el 9 de junio con el fin de solicitar una revisión a lo ocurrido.
En el Congreso, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) ofició el pasado 8 de junio al ministro del Trabajo, Tomás Rau, para solicitar la “revisión, suspensión preventiva y eventual invalidación del proceso de selección de Alta Dirección Pública para el cargo de Superintendente/a de Seguridad Social“, debido a “antecedentes que podrían comprometer la idoneidad de una postulante y la regularidad del procedimiento de evaluación curricular”.
Esto ya que existen “antecedentes que indicarían que postulantes altamente calificados habrían sido excluidos tempranamente del proceso, mientras circulan versiones no oficiales -que precisamente por prudencia deben ser consultadas y no afirmadas como hechos concluyentes- según las cuales doña María Soledad Ramírez Herrera continuaría participando en dicho procedimiento“.
Por su parte, el diputado y actual presidente de la DC, Álvaro Ortiz ofició al presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, Pedro Lea-Plaza, con antecedentes relacionados, precisamente, a Ramírez.
El polémico historial de María Soledad Ramírez
María Soledad Ramírez es abogada y ejerció como superintendenta de Seguridad Social entre 2021 y 2022 y busca retomar el cargo en este proceso, pese a que cuenta con graves cuestionamientos en su contra.
En 2022, la misma Suseso dictó una resolución por la no restitución de bienes fiscales (un notebook, una tablet y un celular). Posteriormente, remitieron los antecedentes al Ministerio Público por el eventual delito de apropiación indebida.
Ramírez declaró a favor de isapres en contra del Estado, asegurando que Licencia Médica Preventiva Parental, política pública durante la pandemia, había generado perjuicios a dichas entidades y que el financiamiento debió ser asumido por el Estado.
También se involucró en bullados casos de connotación pública como Caval. En dicha indagatoria declaró como imputada en una arista vinculada a transferencias de fondos de su entonces ex cónyuge.
