Seis semanas después de que Trinidad Steinert dejara el Ministerio de Seguridad Pública, la Contraloría puso por escrito lo que en La Moneda se temía desde antes de su salida: el oficio reservado que la entonces ministra envió a la PDI —a solo dos días de asumir— excedió sus atribuciones legales y vulneró su deber de abstención.
El dictamen no tiene efectos disciplinarios sobre la exautoridad, pero sí logró reabrir un flanco sensible para La Moneda: la improvisación en el área en que el presidente Kast basó su campaña.
El dictamen D344, firmado por la contralora Dorothy Pérez el 1 de julio, respondió a los requerimientos de los diputados Raúl Leiva (PS), Patricio Pinilla (DC) y Tatiana Urrutia (FA). El foco estaba en el oficio reservado N° 28, emitido el 13 de marzo de 2026, mediante el cual Steinert pidió a la PDI la nómina detallada de los funcionarios de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado trasladados o cesados de sus funciones investigativas, vinculados a una causa penal en curso a cargo de una fiscalía regional.
El requerimiento incluía la unidad de destino y el cargo actual de cada uno, sus antecedentes disciplinarios y la copia íntegra de cualquier denuncia o sumario asociado.
Para el órgano contralor, esa exigencia excedió la facultad de requerir informes que la ley 21.730 confiere al titular de la cartera, pues esos datos permitían individualizar y ubicar a personal que la ley obliga a resguardar, en el marco de una investigación que seguía abierta. Pero el reproche no se agotó ahí: la Contraloría consignó que los funcionarios pertenecían a una dependencia policial que apoyaba la labor investigativa que la propia Steinert encabezaba en su cargo anterior, por lo que la actuación “no se aviene con su deber de abstención”.
El oficio buscaba conocer el destino del equipo que acompañó a Steinert en la investigación del “clan Chen” durante su etapa como fiscal regional de Tarapacá, unidad que fue reubicada por la entonces directora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
El dictamen, en todo caso, despejó otros dos frentes para el Gobierno: validó la desvinculación de Peña y descartó una disolución irregular de la Unidad Estratégica del ministerio, que se mantiene bajo dependencia directa del ministro.
Aún así, el pronunciamiento golpea en su punto de partida al Gobierno. Kast estructuró su campaña sobre la promesa de combatir con rapidez y eficacia el crimen organizado, pero nunca tuvo un ministro asegurado para la cartera: tanteó a Rodolfo Carter, quien no aceptó tras ser electo como senador, y sobre la hora tomó contacto con Steinert, entonces fiscal regional de Tarapacá.
Fue una apuesta personal del mandatario, que se derrumbó el 19 de mayo, cuando la removió en el primer ajuste de gabinete, a 69 días de iniciado el mandato y en medio del desgaste por el cuestionado plan de seguridad del Ejecutivo.
Para entonces, el desenlace de este dictamen ya se anticipaba. Como consignó EL DÍNAMO a inicios de mayo, en La Moneda circulaba la información de que el pronunciamiento de la Contraloría sería desfavorable para la entonces ministra, antecedente que se sumó a la seguidilla de traspiés que el jefe de Estado ponderó para removerla.
El emplazamiento a Kast
Con el dictamen en mano, la oposición dirigió los emplazamientos directamente al presidente Kast.
La diputada Tatiana Urrutia (FA) anunció que “junto a diputados de distintas bancadas analizaremos los pasos a seguir en el Congreso”, y emplazó directamente al mandatario a pronunciarse: “No puede evadir su responsabilidad, porque cuando la autoridad a cargo de la seguridad pública no conoce los límites de su propio cargo, el problema es jurídico, pero también es de conducción. Durante dos meses advertimos esta grave falla, sin embargo, el Presidente prefirió blindar a su exministra antes que hacerse cargo”, dijo la parlamentaria.
En la misma línea, el diputado Luis Cuello (PC) calificó el dictamen como un hecho “de la máxima gravedad” y sostuvo que “el presidente Kast debe aclarar si estaba o no en conocimiento de los actos ilegales que se le imputan a la exministra. Apoyamos la formación de una comisión investigadora y, si uno es objetivo, acá perfectamente se configura una causal de acusación constitucional”.
El fantasma de la acusación constitucional
Esa última herramienta ya toma fuerza en la oposición. “Como bancada del Partido Socialista, vamos a analizar los alcances de este dictamen y perseguiremos todas las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan, sin descartar ninguna de las herramientas que la Constitución nos entrega”, advirtió Raúl Leiva (PS), principal impulsor del requerimiento.
El diputado Pinilla (DC) fue más allá y trazó un paralelo directo con el libelo contra el exministro Nicolás Grau: “No basta con que se pida disculpas (…). Por mucho menos se acusó al ministro Grau del gobierno de Gabriel Boric. Por lo tanto, es razonable que se deba evaluar la posibilidad de una nueva acusación constitucional, por cuanto aquí es la Contraloría la que ha dicho que se han infringido deberes que están hoy día en la Constitución”.
La amenaza tiene plazo: la Constitución permite acusar a un ministro hasta tres meses después de dejar el cargo, ventana que en el caso de Steinert se extiende hasta mediados de agosto.
Esto, en un contexto en que la misma oposición —tras el rechazado libelo contra Grau— convergió en una tregua implícita sobre el uso de las acusaciones constitucionales.
