Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob, respaldó la decisión del Ministerio del Deporte de no permitir la realización de los tres shows de BTS en el Estadio Nacional, los cuales están programados para octubre próximo.
El secretario de Estado expresó que “es una situación que se decide primero técnicamente. Entiendo que el Instituto Nacional del Deporte (IND) ha evacuado un informe donde señala que levantar un escenario de esa característica significa tener cerrado el recinto durante mucho tiempo”.
Alvarado reiteró la postura expresada por el IND respecto a que las presentaciones de la banda surcoreana “pueden generar trastornos y daños en la misma cancha, que cuesta mucho recuperar”.
No obstante, el biministro planteó que “se han ofrecido locaciones alternativas dentro del mismo radio del Estadio Nacional, y eso es una situación que se está evaluando y se está conversando”.
Pero la controversia sobre el futuro de la presencia de BTS en Chile se trasladó al Congreso Nacional, ya que el diputado Ignacio Achurra anunció que oficiará al Ministerio de Deporte, dirigido por Natalia Duco, apuntando que “es un problema de programación y de orden del gobierno”.
“Es realmente escandaloso que más de 200.000 entradas vendidas, que personas que van a viajar fuera desde Chile para ver el concierto se enteren a pocos meses, que resulta que puede que no se haga porque el gobierno no fue capaz de armar una programación razonable y que diera cabida tanto al deporte como a las artes”, acusó el legislador.
Ante esto, Achurra precisó que oficiará a la cartera de Duco para que “explique esta cronología que nos está llevando a este desastre de suspensión de los conciertos de BTS para miles de fanáticas y fanáticos”.
Esta postura fue compartida por el senador Pedro Araya (PPD), quien expresó que “hay familias que compraron entradas, pasajes, reservaron hoteles y organizaron su vida con meses de anticipación. Hoy siguen enfrentando incertidumbre, mientras las explicaciones llegan por filtraciones y no por canales oficiales”.
“Cuando el Estado genera incertidumbre, tiene la obligación de dar la cara”, sentenció el senador Araya.