“Están arriba de la mesa las comisiones especiales investigadoras, las acusaciones constitucionales y todas las sanciones administrativas, políticas e incluso de responsabilidad penal abiertas y las vamos a evaluar en conjunto, buscando que esto sea un cierre definitivo a estas malas prácticas que ha desarrollado el Gobierno del presidente Kast”. Con estas palabras, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) reconoció que dentro de la oposición evaluaban la opción de impulsar un libelo acusatorio contra la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert (IND).
La declaración de Araya no fue casual, pues esta jornada los diputados oficialistas que integran la Comisión de Seguridad Pública se reunieron de forma telemática para analizar los pasos a seguir, después de que la Contraloría concluyera que Steinert se extralimitó en sus facultades al pedir información detallada del traslado de un grupo de funcionarios de la PDI que habían trabajado con ella mientras era fiscal en una investigación contra el crimen organizado.
Pese a que la opción de una AC está sobre la mesa, lo cierto es que en la oposición no están totalmente convencidos, pues quieren diferenciarse del Partido Republicano que, a su juicio, impulsó recientemente un libelo contra el exministro Nicolás Grau (FA) sin mérito para impulsar una venganza política.
El proyecto que eleva los requisitos
También pesa en la balanza que en el caso del diputado Raúl Leiva (PS), que fue parte de quienes pidieron a Contraloría pronunciarse sobre Steinert y que por tanto evalúan una AC, suscribió al proyecto de origen transversal que eleva los requisitos para presentar este tipo de acciones.
De hecho, el propio legislador reconoció ese aspecto esta mañana en conversación con T13 radio. “Es un tema compleja. Yo soy mocionante junto con Diego Schalper (RN) y otros diputados, senadores en paralelo, respecto de este proyecto para elevar los requisitos de una acusación constitucional, porque desvirtúa el instrumento. Pero en este caso en particular siendo una acusación constitucional, un instrumento jurídico-político, en lo jurídico la Contraloría entrega un título indubitado de incumplimiento de ley de constitución”, sostuvo para luego precisar que “desde el punto político hay que analizarlo”.
