El ministro Martín Arrau entregó detalles de la reforma constitucional de Seguridad que el Gobierno de José Antonio Kast ingresará este martes en el Senado, tras el revuelo generado por el borrador entregado al oficialismo.
En esta línea, el secretario de Estado defendió que el Ejecutivo apunte a modificar la Constitución, aseverando que “la Constitución -suena curioso lo que voy a decir, pero- se ha modificado un par de veces al año o al menos una vez al año por materias de seguridad”.
Martín Arrau descartó que con la propuesta del Gobierno se afecte a la institucionalidad del país, ya que puntualizó que “en este Gobierno si hay algo que hemos hecho es valorar la institucionalidad, el respeto a las instituciones”.
Sobre los principales ejes de la reforma constitucional, el titular de Seguridad Pública explicó que busca, en primer lugar, “incorporar la seguridad pública como un mandato constitucional, un deber del Estado”.
“Lo segundo, crear un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo, con un régimen penitenciario especial, evitando tener que demostrar la existencia del mismo cada vez, y ahí es donde queremos que en una ley especial se discuta la posibilidad de restringir el acceso a algunos beneficios sociales en una ley especial, y para eso se requiere algún grado de habilitación (constitucional). Y en último término, la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública”, argumentó Arrau.
Consultado sobre uno de los principales cuestionamientos por parte del oficialismo a la reforma constitucional, el quitar derechos sociales como la salud por 15 años, el secretario de Estado aclaró que esto se tratará en una ley especial y no como parte la iniciativa.
“Lo que establecemos es que, tal como existe hoy día en la Constitución para inhabilidades para personas condenadas por terrorismo, nuestro texto actual incorpora una restricción de 15 años para ocupar cargos públicos, para ser director de escuela, va a incorporar la posibilidad que, a través de una ley especial, las personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, tengan algunas inhabilidades particulares, no generales (…) de algunos beneficios sociales pagados con fondos de todos los chilenos, que creemos que no tienen asidero y, por tanto, van a quedar entregadas a una discusión de una ley particular con la necesaria habilitación constitucional que es necesaria para hacerlo”, puntualizó.
