La bancada de diputados PS presentó la llamada Ley Cerimedo, con la cual se busca fortalecer la transparencia y trazabilidad del gasto electoral en plataformas digitales.
La iniciativa establece que candidaturas y partidos políticos deberán declarar las cuentas y perfiles que operen, controlen o financien durante las campañas, incluyendo aquellas que funcionen total o parcialmente mediante procesos automatizados o algoritmos, con el objetivo de identificar el uso de bots y redes coordinadas vinculadas a campañas electorales.
El proyecto también establece mayores exigencias para conocer el destino final de los recursos destinados a publicidad digital. Para ello, obliga a transparentar los pagos realizados a plataformas y prestadores domiciliados en el extranjero y, cuando exista una agencia o intermediario, desglosar cuánto corresponde a sus servicios, cuánto se destina efectivamente a inversión publicitaria y en qué plataformas se utilizaron esos recursos. Además, incorpora como infracción grave la operación o financiamiento de redes de cuentas que difundan coordinadamente contenidos de campaña aparentando ser independientes entre sí.
La propuesta incluye, además, que los partidos políticos deberán informar de manera permanente las cuentas en plataformas digitales que financien directa o indirectamente. Con lo anterior, lo que se busca es cerrar vacíos de la legislación electoral vigente y permitir que el origen y destino del gasto digital, así como las estructuras utilizadas para difundir propaganda electoral, puedan ser identificados y fiscalizados.
El diputado Juan Santana explicó, “el proyecto de ley Cerimedo, que busca darle trazabilidad y, precisamente, obligar, a través de la ley electoral del servicio electoral, a que los partidos políticos y los candidatos tengan que declarar por obligación el nombre, la plataforma, el origen y el domicilio de aquellos instrumentos digitales que se están utilizando hoy día para distorsionar finalmente la democracia en nuestro continente. El señor Cerimedo participó activamente de la campaña presidencial de Brasil, en donde levantó la tesis del fraude electoral presidencial en la elección de Lula. Sin embargo, fue el propio tribunal electoral brasileño quien posteriormente cuestionó esta estrategia, que fue replicada en Bolivia, en Argentina y en el primer proceso constituyente por tratarse de una vía, de una estrategia distorsionadora de los sistemas políticos en nuestra región”.
