Lento pero seguro. Así describen en la Comisión de Constitución del Senado el avance de la tramitación de la reforma constitucional de seguridad que ya cumple tres semanas desde su ingreso a la Cámara Alta.
El Gobierno, ante el rechazo transversal que suscitó la propuesta inicial, optó por replegarse y poner las fichas en la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) que está radicada principalmente en la Cámara de Diputados. En paralelo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, encargó a los senadores Arturo Squella —también presidente del Partido Republicano— y Andrés Longton (RN) buscar una fórmula para “salvar” la reforma constitucional.
Esa fórmula parece estar zanjada. Según han socializado los senadores estos últimos días en la interna del oficialismo, y en menor medida en público, la fórmula que toma más fuerza es acotar considerablemente los alcances de la reforma: se habla de pasar de ocho artículos a sólo tres.
El cambio más relevante apunta a quitar del articulado el estado de excepción de seguridad que propuso el Gobierno y que contemplaba una amplia gama de facultades para el presidente hasta por 240 días sin la necesidad de acuerdo previo con el Congreso
Si bien hace unas semanas el Presidente Kast aseguró que “el estado de excepción no es renunciable”, hoy la única salida posible sería modificar el estado de emergencia para incluir entre sus causales la seguridad pública. Esto significa que no se buscará establecer un estado de excepción diferente a los ya conocidos.
Consultado por EL DÍNAMO, el senador Longton asegura que los principales cambios serán en “términos de definición del estado de emergencia” y en “los plazos”.
En esa línea, el parlamentario precisa que “eso tiene que suceder en la comisión, antes de dar cualquier paso. Y obviamente tenerlo bien cerrado con el senador Squella y con el sector, para poder hacer esas modificaciones”.
“Todavía no podemos decir que hay un acuerdo, porque no lo hemos conversado en detalle, pero claramente, frente a una propuesta razonable, uno espera que haya mayor apertura”, acota Longton sobre la disponibilidad de otros sectores a revisar la propuesta.
Squella, en tanto, reforzó el punto señalando que la nueva propuesta que prepara junto a su par de RN “le baja varios cambios a algunas cosas que quizás no era necesario que estuvieran en la reforma constitucional propiamente tal, sino que en la ley”.
Y acotó en conversación con Me Enteré por la Prensa, de T13, que “acá no se trata de que haya necesariamente un quinto estado como tal, porque al final del día es algo semántico. Lo que nos interesa, efectivamente, son las hipótesis, son las causales que gatillan el que transitoriamente se pueda actuar de manera excepcional”.
Qué entra y que no en la fórmula Longton-Squella
Otro punto del proyecto que está en entredicho es la suspensión de derechos sociales a condenados por crimen organizado o terrorismo.
En Chile Vamos generó ruido la disposición ya que no se especifica qué prestaciones particulares serían afectadas. De hecho, se alertó de una posible afectación a las garantías constitucionales en salud, preocupación que fue compartida por la ministra de la cartera, May Chomalí.
Ante ese panorama, en el oficialismo se decidió retirar el artículo de la reforma de seguridad.
Longton confirma a este medio que la norma no está incluida en la propuesta que está trabajando junto a Squella. “Me parece que esto no cumple con el objetivo que deseamos desde el punto de vista de la implicancia que podría tener. Y, por lo tanto, ante normas que no generan certeza de su efecto, mejor evitarlo”, sostiene.
Lo que sí se espera mantener es el nuevo régimen carcelario que permite aislar a líderes de organizaciones criminales y reos de alta peligrosidad.
De todas formas, en el oficialismo recalcan que cualquier modificación a la Constitución debe ser “mínima” y “quirúrgica”, por lo que cada norma debe tener su correcta bajada en los proyectos de leyes orgánicas constitucionales que deben acompañar a la reforma.
