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Alcaldes entran al ruedo de la reforma de seguridad

Mientras Squella y Longton redactan las indicaciones para viabilizar la reforma en el Senado, alcaldes del oficialismo —encabezados por Sichel— presionan por sumarse a la discusión y por un acuerdo transversal que la oposición aún no valida.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, emplazó esta semana a su par de Maipú, Tomás Vodanovic, a respaldar un acuerdo por la reforma de seguridad, en momentos en que la reformulación del proyecto —encargada a los senadores Arturo Squella y Andrés Longton— sigue sin convencer a la oposición. 

El gesto no es menor. Se trata del segundo cruce público entre ambos jefes comunales en menos de tres semanas, y coincide con la irrupción de otros alcaldes oficialistas que exigen incidir en la discusión.

La fórmula que trabajan Squella y Longton en la Comisión de Constitución del Senado apunta a eliminar el nuevo estado de excepción constitucional propuesto por el Gobierno y, en su lugar, reformar el estado de emergencia vigente para incorporarle una causal por amenaza a la seguridad pública, según confirmó Longton hace algunas semanas a EL DÍNAMO

El problema es que ese camino tampoco convence a la oposición: la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, ha insistido en que el Gobierno debería retirar la reforma, mientras en el PPD el senador Pedro Araya ha planteado reparos similares. 

Sin los votos asegurados en La Moneda, a la izquierda le resultaría relativamente sencillo asestarle un golpe al corazón de la agenda de seguridad del Ejecutivo, siempre y cuando vote alineada.

En ese escenario, los alcaldes oficialistas han decidido dar un paso al frente. 

El emplazamiento de Sichel a Tomás Vodanovic tiene como telon de fondo el movimiento del jefe comunal de Maipú que fue noticia hace unas semanas por suscribir junto al alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), una carta conjunta en El Mercurio que llamaba a construir “acuerdos de Estado” de largo plazo, entre ellos en materia de seguridad. 

A ello se suma que Vodanovic, durante el gobierno de Boric, pidió presencia militar para labores de orden público en su comuna, un antecedente que en el oficialismo consideran suficiente para que el edil de Maipú asuma un liderazgo más activo dentro de su sector y presione por un acuerdo.

Desde el entorno de Sichel aseguran que el alcalde de Ñuñoa ha estado en contacto principalmente con Longton para seguir de cerca el avance en la redacción de las indicaciones, y que ambos se reunirían la próxima semana.

El de Sichel no es el único caso. Otros alcaldes oficialistas también aspiran a incidir en la discusión. 

Consultado por EL DÍNAMO, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), sostiene que “los municipios tenemos que ser parte sustantiva de esta discusión, porque somos la primera puerta que golpean los vecinos cuando sienten miedo y quienes conocemos directamente cómo operan el delito y la violencia en los territorios”. 

Alessandri afirma que espera una cita con Squella y Longton, pero plantea que esa conversación “debiera ampliarse a alcaldes de distintos sectores políticos (…) la seguridad no puede transformarse en una disputa ideológica”.

El jefe comunal de Lo Barnechea también apunta a los alcaldes de oposición que han pedido apoyo militar para tareas de seguridad —como el propio Vodanovic o el edil de San Bernardo, Christopher White (PS)— pese a que sus sectores han rechazado incluso reformar el estado de emergencia. 

No basta con solicitar más atribuciones o presencia del Estado desde una comuna y después guardar silencio cuando los parlamentarios de la misma coalición se oponen a entregar esas herramientas”, advierte Alessandri, quien pide a esos alcaldes ayudar “a convencer a sus sectores y a construir las mayorías necesarias”.

La irrupción municipal en la reforma constitucional se da, además, en paralelo a otro round entre el Gobierno y el mundo edilicio: la revisión del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal. 

Este lunes, representantes de cinco asociaciones de alcaldes —entre ellas la ACHM y la AMUCH— iniciaron junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito la primera de nueve mesas técnicas para consensuar un texto antes de su reingreso a la Contraloría, luego de que el Ejecutivo retirara la propuesta anterior tras el cuestionamiento de alcaldes a una disposición que podría configurar una causal de cesación del cargo.

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