“Al Presidente le corresponde ponerse los pantalones y pedirle la renuncia a su ministro”, afirma el presidente del PPD, Raúl Soto, quien anticipa que la acusación constitucional contra Fernando Rabat será presentada la próxima semana.
En conversación con EL DÍNAMO, el diputado sostiene que el ministro de Justicia “no tiene la opción posible” de enmendar las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores, porque “lo que hizo es demasiado grave”. En ese sentido, asegura que la renuncia del titular de Justicia es el piso con el que el Gobierno debe afrontar esta crisis.
La controversia estalló la semana pasada, cuando se conoció que el Ministerio de Justicia cursó 56 decretos de rebaja de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores, cometidos antes de la reforma legal de 2022 que excluyó ese beneficio para ciertos delitos. Rabat sostiene que su cartera aplicó el principio de irretroactividad de la ley penal y la jurisprudencia de la Corte Suprema, un criterio que el máximo tribunal no ha aplicado de manera uniforme.
El Presidente José Antonio Kast reconoció que “el Estado les falló” a las víctimas y el “error político” pero decidió mantener al ministro en su cargo pese a la crisis.
—¿Cuán grave es para el Gobierno esta crisis?
—Creo que el Gobierno está viviendo su peor momento y su crisis más profunda. Hay dos hitos que han marcado de manera negativa la confianza ciudadana en el Gobierno del presidente Kast. Uno es de carácter económico: el bencinazo. Y la segunda gran crisis es la provocada por la decisión administrativa de liberar a 56 abusadores y violadores de niños, niñas y adolescentes. El primer caso es un impacto significativo para el bolsillo de las familias. Pero esta segunda crisis probablemente es aún más grave, porque no es solamente solamente política, sino ética.
—¿Cómo evalúa la respuesta a esta crisis?
El Gobierno ha decidido defender hasta el último minuto una decisión errada sin asumir ningún tipo de responsabilidad política, sin dar ninguna señal de corrección o de revocación —o al menos intentarlo—, sin pedir expresamente disculpas públicas a las víctimas y a sus familias, y sin preocuparse de lo que está en el corazón del Estado: proteger, resguardar y acompañar a esas víctimas, a esos niños y a sus familias.
Cuando hay abusadores y violadores que están nuevamente en la calle, muchos de ellos con informes de Gendarmería que señalan una alta probabilidad de reincidencia, lo que debe hacer el Estado es proteger a sus niños. Y tampoco en este caso ha existido ninguna señal clara y contundente por parte de las instituciones. Estos son quiebres de confianza irreparables entre el Gobierno de Kast y la sociedad chilena que lo puso en La Moneda. Y cuando ocurre un quiebre de confianza, es muy difícil recuperarlo.
—Usted dice que el Gobierno se ha negado a asumir responsabilidades políticas. ¿No cree que hay un gesto importante del Presidente al reconocer el error y asumir él mismo el costo político a comienzos de semana?
—No, no hay ningún gesto. Son palabras vacías que no han sido acompañadas de hechos concretos. ¿De qué sirve que el presidente reconozca el error y no le pida responsabilidad política al ministro y al subsecretario que lo ejecutaron? La pregunta que tenemos que hacernos hoy día es por qué el presidente Kast sigue respaldando al ministro Rabat.
—Entonces, ¿no hay ningún camino viable para el Gobierno que no sea la salida del ministro Rabat?
—La salida del ministro Rabat, a esta altura, es el desde. No va a solucionar la crisis de confianza ni va a volver a poner en la cárcel a los criminales que se dejaron libres. Errores tan graves como estos no pueden quedar sin consecuencias. Las responsabilidades políticas también se tienen que asumir.
—Respecto de la acusación constitucional, ¿han avanzado ya en los capítulos? ¿Qué infracciones se invocarán en el libelo para destituir al ministro?
—Se está empezando el proceso de redacción. No voy a adelantar criterios jurídicos, es parte del análisis que están haciendo los abogados. Esperamos que la acusación esté en condiciones de ser presentada durante la próxima semana.
Lo que sí puedo decir es que creemos que hay infracciones legales e incluso constitucionales, y también relativas a tratados internacionales, porque efectivamente había dos caminos respecto de dos posibles interpretaciones jurídicas.
—¿Cuáles?
Cuando se trata de delitos cuyas víctimas son niños, niñas y adolescentes, lo que mandata la ley de garantías y lo que mandatan los tratados internacionales de los que Chile es parte, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que está incorporada en nuestra legislación, es que la decisión administrativa siempre debe considerar el interés superior del niño. Y cuando existen dos posibles decisiones, la autoridad debe elegir el camino que sea favorable al niño víctima y no el que sea favorable al victimario.
Por lo tanto, ahí se está desoyendo un mandato de tratados internacionales y también constitucional y legal. Esta situación es, creemos nosotros, de mucha gravedad, y probablemente es parte de los argumentos que tendrán que plantearse, entre muchos.
—¿La acusación cuenta con los votos necesarios para prosperar y pasar a su siguiente fase, que es el Senado?
—Tengo la certeza de que esta acusación va a contar con los votos en la Cámara de Diputados. No se trata de una decisión política, se trata de una decisión de carácter ético, de carácter humano. Se trata de ponerse del lado de las víctimas.
Estos dos días he hablado con diferentes parlamentarios, y la gran, inmensa mayoría de los están del lado correcto de las víctimas. Y esto va a ir impactando rápidamente al oficialismo si el presidente no es capaz de tomar decisiones y asumir la responsabilidad por lo que viene de su propio Gobierno.
—¿Han conversado con la bancada del PDG?
—Públicamente, hay opiniones de varios parlamentarios del PDG que son favorables y las destacamos, porque varios de ellos han decidido, en este momento, ponerse del lado de las víctimas. Pero hay otros que todavía no han decidido, o que están en contra como el diputado Olivares. Por lo tanto, yo emplazo a Franco Parisi a que tome una decisión en nombre de su bancada del PDG. ¿Van a estar del lado de las víctimas, de los niños y de sus familias, o van a estar del lado de los abusadores, de los violadores de niños y de este Gobierno que trata de justificar lo injustificado? Esa es la decisión.
—Si el ministro renunciara antes de la presentación, ¿echarían pie atrás con el libelo?
—Tiene que existir una acción de revocación e invalidación clara y contundente, o al menos una señal en esa dirección. Tiene que existir una disculpa pública a las víctimas. Todo eso son requisitos mínimos, garantías mínimas para poder reevaluar las acciones que nosotros estamos emprendiendo. Pero hasta ahora no ha habido ninguna de ellas. Por lo tanto, lo más probable —y nuestra decisión hoy día— es seguir hasta el final, porque no podemos dejar que una decisión tan grave como la que se ha tomado quede sin consecuencias.
—¿Han evaluado otro tipo de medidas, como cortar canales de diálogo con el Gobierno?
—Son cosas distintas. Acá estamos preocupados por la situación de las víctimas, que son niños. Hoy día nos reunimos con el Defensor de la Niñez, con todos los partidos y bancadas de oposición, para poner el foco en cómo el Estado hace un seguimiento a los casos de niños y de sus familias, y a los criminales que andan hoy día sueltos y que pueden volver a rondar a sus niños y a su familia nuevamente, o a otras posibles víctimas. No podemos dedicarnos simplemente a una pelea política: en este caso el riesgo está en las calles.
—¿Qué evaluación tenía usted del ministro? Él mismo decía en la sesión especial que tenía una buena relación con todos los parlamentarios y que se estaba desarrollando un trabajo efectivo en su cartera.
—Creo que todos nos llevamos una gran decepción del ministro, que venía dando algunas señales positivas de diálogo, de apertura. Pero la verdad es que con esto nos ha demostrado que es un pésimo político, que no tiene capacidades ni las condiciones para ser ministro. Pero además es una pésima persona, porque una persona que actúa correctamente, que actúa con criterios éticos, jamás pondría su firma en un papel para liberar a delincuentes de estas características. Y eso quiebra la confianza de manera definitiva, de manera irreparable, con el ministro de Justicia.
—Uno de los argumentos del presidente Kast para mantener a Rabat en el cargo era el buen trabajo que estaba desarrollando en la cartera. Con lo que dijo el Presidente, ¿no tiene sentido darle la opción de enmendar esta situación?
—No, Rabat no tiene la opción posible, lo que hizo es demasiado grave.
—Desde el Gobierno, y también desde el oficialismo, se ha apuntado a la administración anterior por los decretos. Si bien el criterio del Gobierno anterior fue rechazar las solicitudes de rebaja de penas y fue la Corte la que obligó a tomar ese camino, ¿no falló el Gobierno anterior en no alertar que esta situación se estaba dando y que no se cumplía el espíritu de la ley promulgada en 2022?
—El Gobierno anterior hizo lo correcto, y el anterior a ese también. El Gobierno de Boric y el Gobierno de Piñera actuaron con criterios jurídicos apegados a los criterios éticos y políticos que corresponden a situaciones como esta: elegir el lado de las víctimas, defenderlas y hacer lo posible por protegerlas. Por más que el camino se haya puesto cuesta arriba, por más que no se ganaron todos los casos que se quisieron haber ganado, aunque fuera un pederasta que se logró que no saliera a la calle nuevamente, significa que valió la pena esa lucha.
—El contraargumento es que, aunque los casos de antes y después de 2022 siguieron procesos distintos y la Suprema estaba fallando en un sentido u otro, el resultado era el mismo. ¿No se debió encender esa alerta antes?
—De hecho, todos los últimos años la Corte Suprema le estaba dando la razón a la decisión de rechazar la rebaja. Por lo tanto, aún más el Gobierno debió haber persistido en ese camino. Y creo que acá hubo mala fe. Porque me da la sensación de que puede ser que intentaron utilizar este resquicio legal para meter a un conjunto de criminales de lesa humanidad y violadores de derechos humanos. A los que no se atrevieron a indultar, los trataron de meter también por acá. Y eso hace que este hecho sea doblemente grave.
