Se anunció el 28 de octubre y se prometió para la semana siguiente. Dos semanas más tarde, la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat sigue sin ingresar y en la oposición ya reconocen que el momento se enfrió.
La crisis nació por las rebajas de condena otorgadas a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores, decretos que llevan la firma del ministro de Justicia. Tras una sesión especial en la Cámara, los partidos de oposición anunciaron que impulsarían la acusación. Desde entonces, la fecha se ha ido corriendo sistemáticamente en medio de las críticas a la falta de sustento jurídico en el libelo que aún no se ingresa.
Uno de los argumentos de la oposición para retrasar la entrega ha sido la supuesta falta de información en torno a los decretos. Dicho argumento fue contrarrestado hoy por Rabat al hacer entrega de los documentos a la Comisión de Constitución del Senado.
La documentación, eso sí, llegó bajo reserva. El secretario de la comisión, Ignacio Vásquez, explicó que el oficio, amparado en la ley de protección de la vida privada, “debe quedar en custodia en secretaría” y no puede copiarse. Sobre las carpetas con los decretos firmados por Rabat, también reservadas, dijo que a primera vista parecían ser solo datos estadísticos.
Los senadores de oposición cuestionaron la respuesta ya que el oficio sólo alude a delitos sexuales, aunque la comisión también pidió los casos de violaciones a los derechos humanos y de personas vinculadas al narcotráfico.
La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, lamentó: “Se tomaron 15 días para hacer 4 páginas”.
En la izquierda aseguran que, con esta nueva información, el libelo posiblemente se demore más días en llegar a la Secretaría General de la Cámara, posibilidad que tensiona al sector que ya identifica esta semana como límite para avanzar en la arremetida contra Rabat.
AC empieza a languidecer
El PC, FA, PS, PPD, PL y DC han sostenido dos reuniones para coordinar la elaboración del texto, los plazos y la estrategia. En ambas se descartó fijar una fecha. El lunes, el presidente de la DC, Álvaro Ortiz, respondió: “En esta semana va a estar presentada esa acusación constitucional”.
Consultado hoy por el retraso, el jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, se limitó a decir: “Cuando se presente, lo vamos a hacer en este mismo Congreso Nacional, en este mismo podio, todos los partidos de oposición”.
En el oficialismo se habla del jueves, pero desde el PS aseguran que es complejo comprometer una fecha cuando el texto aún no ha sido visado por todas las bancadas y en medio del tironeo con Justicia por los decretos.
El problema de seguir retrasando el ingreso del lobelo, reconocen dirigentes opositores, es que el momento contra Rabat se ha enfriado entre la discusión presupuestaria y la crisis que enfrenta La Moneda por el paro de camioneros.
La Cámara aprobó en general el Presupuesto 2027 el lunes, con 80 votos a favor, 63 en contra y una abstención. El paro, en tanto, continúa tras una nueva reunión sin acuerdo este miércoles entre los transportistas y el biministro Claudio Alvarado. El Gobierno, además, retiró el proyecto que buscaba topar las alzas de combustibles a $20 por litro, discusión legislativa que promete tomarse la próxima semana la agenda legislativa.
La demora también ha sido usada por el Ejecutivo. Desde Roma, el Presidente José Antonio Kast emplazó a sus adversarios: “Han tenido una semana para presentar la acusación constitucional, no lo han hecho”. Ayer, en Cerro Castillo, el mandatario ratificó esa alocución reafirmando a Rabat una vez más en el cargo y solicitando a sus partidos respaldar dicha decisión a través de los votos en el Congreso.
En el sector descartan, sin embargo, echar pie atrás. La presidenta del FA, Gael Yeomans, aseguró a Radio Duna: “Podremos tener o no los votos del PDG, pero la vamos a presentar igual”.
El presidente del PPD, Raúl Soto, planteó que es probable que algunos parlamentarios voten a favor de ciertos capítulos y en contra de otros, y lo relativizó: “basta con que se apruebe un capítulo”.
En la propia oposición, el diputado Jaime Mulet (FRVS), presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, ha marcado distancia con el sustento del libelo. En una carta a los presidentes de partido advirtió que una acusación debe basarse en infracciones específicas y no en criterios de conveniencia política.
Mulet ya había calificado la actuación del ministro de “absolutamente reprochable”, pero consultado por La Tercera descartó que su misiva fuera un voto a favor del libelo. Dijo que “para decidir el voto de una acusación hay que leerla”.
