La Contraloría General de la República solicitó formalmente al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación informar sobre el acuerdo suscrito por la ministra Ximena Lincolao con la empresa estadounidense OpenAI.
Tras un requerimiento presentado por el diputado Jaime Araya (IND-PPD), la División Jurídica de Contraloría otorgó a la cartera un plazo de 10 días hábiles administrativos para responder a los cuestionamientos del parlamentario. El requerimiento establece que el informe deberá contar con la intervención de la asesoría jurídica del Ministerio y acompañar todos los antecedentes necesarios para resolver la presentación.
“La Contraloría General de la República le dio un plazo de 10 días a la ministra de Ciencia para entregar todos los antecedentes relativos al convenio que firmó con OpenAI. Nosotros hemos sido muy críticos respecto de la forma y el fondo del convenio que se ha firmado y, por lo tanto, me parece muy positivo que la Contraloría vaya a definir si la ministra actuó dentro de sus competencias y si tenía, particularmente, las facultades para firmar este tipo de convenios”, declaró el diputado Araya.
Uno de los principales cuestionamientos del legislador apunta a las disposiciones de confidencialidad contempladas en el memorándum, especialmente considerando que se trata de un instrumento suscrito entre un organismo público y una empresa privada extranjera.
“Hemos hecho muy presente que nos preocupan en extremo las cláusulas de confidencialidad, porque si se trata de entidades públicas firmando con empresas transnacionales de manera directa, sin mediar ningún proceso de contratación pública, lo menos que uno espera es que haya normas de transparencia”, advirtió el legislador.
La presentación parlamentaria solicita examinar las competencias legales del Ministerio de Ciencia para suscribir este tipo de acuerdos, sus eventuales implicancias financieras y las condiciones bajo las cuales podrían desarrollarse futuras contrataciones.
“Son temas delicados, son temas que recién se están implementando en nuestro país. Nos parece que esta no es una decisión adecuada y que, además, excede las facultades que tiene una ministra de Estado”, puntualizó el diputado Jaime Araya.
“Ella (Ximena Lincolao) está contratando con una multinacional de la tecnología, con un gigante tecnológico. No está suscribiendo un convenio con otro Estado, ni mucho menos con una fundación o una agrupación de países, sino que simplemente, y de manera directa, autónoma, sin consultarle a nadie, con una multinacional, una empresa que naturalmente tiene fines de lucro”, afirmó.
Finalmente, Araya reiteró que corresponde a la Contraloría determinar si la actuación de la ministra se ajustó a las atribuciones establecidas en el ordenamiento jurídico chileno. “Nosotros creemos que excedió por largo las competencias y facultades que le otorgan la Constitución y las leyes”, concluyó.