El caso de Camila, que se hizo público en agosto, ha reabierto el debate parlamentario sobre la eutanasia en Argentina. Tres comités de bioética han desahuciado a Camila, pero los médicos se niegan a desconectar los aparatos que la mantienen viva por temor a una reclamación judicial.
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La idea sería hacer uno por semana de aquí al 20 de noviembre, día en que los socialistas se juegan en las urnas su permanencia en La Moncloa.
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"El acuerdo permite la liberación de presos a los que les quedan meses para cumplir su sentencia mientras que ignora a otros que llevan más de un cuarto de siglo en la cárcel", aseguró el ministro en declaraciones a la prensa en Ramala.
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"Putin es un hombre con el que se puede tratar, con quien se pueden hacer negocios", manifestó Aznar, al intervenir en la clausura de un seminario sobre las relaciones entre Rusia y la UE celebrado en Madrid.
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La continuidad de la huelga fue decidida durante una sesión de la llamada Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), que reúne a representantes de los alumnos en todas las regiones del país, celebrada en la capital colombiana.
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El primer punto llama a ETA a "hacer un declaración pública del cese definitivo de la actividad armada y solicitar diálogo con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto".
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En Nápoles (sur de Italia), la Policía ha registrado las casas de una decena de personas ya fichadas por su participación en protestas de carácter anarquista y se ha buscado, sobre todo, material explosivo, según han informado los medios de comunicación italianos.
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Lan Argentina informó de que se encuentran "afectadas" sus operaciones en el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires, destinado a vuelos domésticos y regionales, y en el internacional de Ezeiza, a las afueras de la capital argentina.
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Un centenar de carpas y unos 200 activistas, según la cadena británica BBC, permanecen en la zona, donde el pasado sábado se congregaron entre 2.000 y 3.000 personas dentro de la campaña global inspirada en el movimiento 15-M de Madrid.
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Esta iniciativa, aplicada en Mendoza y sin precedentes en Argentina fue incluida en julio pasado en una ley provincial que también establece la prohibición para los deudores de realizar trámites administrativos, incorporarse a la plantilla del Estado o recibir créditos bancarios.
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