Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad por Chile, indicó que entre las propuestas económicas que maneja para sumar a su programa de Gobierno, que aún está elaborando, está la eventual creación de un royalty portuario.
Esto, tomando la propuesta que impulsa el diputado Luis Cuello (PC) para instaurar un impuesto a las empresas navieras por carga transferida en los puertos del país, lo cual es visto por recelo por el sector empresarial, que acusó una eventual caída en la competitividad frente a Perú.
Ante estos cuestionamientos, el parlamentario del PC planteó que estos efectos negativos serían “muy acotados” y explicó que su iniciativa “recoge una demanda histórica de las ciudades puerto. Desde Valparaíso y San Antonio vemos como la actividad portuaria genera una riqueza que no se integra a la ciudad. Además, las externalidades que generan los puertos desde el punto de vista medioambiental, en la vialidad, entre otros, no son debidamente compensados”.
El legislador detalló que el royalty establece “una compensación en favor del Estado por el uso de los terminales marítimos del territorio nacional, equivalente a un dólar estadounidense por tonelada transferida, que deberá ser pagada por las empresas navieras de transporte marítimo de carga, usuarias de los terminales marítimos. El 50% de los recursos recaudados ingresarán al presupuesto de las comunas de localización de los terminales marítimos y el 50 % restante se ingresarán al presupuesto del respectivo Gobierno Regional”.
Consultado sobre la postura del sector exportador, que apeló a una caída en la competitividad si este proyecto se concreta, el diputado Cuello sostuvo que “se trata de una compensación económica muy baja, de un dólar por tonelada transferida y, además, propone su aplicación gradual en un plazo de tres años. De ninguna manera representa un monto significativo en la estructura de costos de la actividad naviera de carga. Recordemos que con el royalty minero se levantaron alarmas similares, sin embargo, sólo ha traído efectos positivos”.
Cuello rechazó calificar esta figura como un impuesto, sino “una compensación económica establecida en favor de las regiones y las comunas puerto, que se origina en el uso de los terminales marítimos”.
