El gobierno de Argentina no responderá las críticas de políticos y funcionarios chilenos, por la firma del presidente Alberto Fernández en una carta en la que se critica al Poder Judicial de Chile.
De acuerdo a lo informado por la prensa trasandina, la administración encabezada por Fernández decidió dar por cerrado el tema, tras el conflicto generado por el cuestionamiento del Grupo de Puebla al proceso judicial que se lleva en contra del líder del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami.
Junto al mandatario trasandino, otros ex presidentes, políticos e intelectuales hispanoamericanos también firmaron la mencionada misiva.
Entre aquellos se encontraban el ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y los ex mandatarios de Bolivia, Evo Morales; de Ecuador, Rafael Correa, y de Colombia, Ernesto Samper.
En el texto firmado por todos ellos se sostiene, respecto de la situación de Enríquez-Omimami, que “acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo, una nueva modalidad de Lawfare”.
La carta de la polémica
La carta del Grupo de Puebla afirma que “desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al ex presidente de derecha Sebastián Piñera“.
Añade que “durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones“.
“Otro caso de Lawfare como los adelantados en América latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes, cuando el daño moral ha sido causado”, plantea el documento.
“De este modo se siguen violando o afectando los derechos de la defensa o el debido proceso“, asevera el texto, que despertó las molestias a este lado de la cordillera.
Las reacciones
Así, el ministro de Justicia, Luis Cordero, al referirse a los cuestionamientos a los tribunales chilenos que se hacen en la carta, sostuvo tajante que “yo no me atrevería a opinar sobre jueces de la justicia argentina“.
Por su parte, la titular de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, aseguró que las relaciones bilaterales siguen siendo robustas y pese al apoyo a favor de Enríquez-Ominami.
“Nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes. El gobierno no solo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público”.
Este último, en tanto, emitió un breve comunicado, a través del cual confirmó “el carácter profesional y objetivo” de los funcionarios que lo integran.
