Ministro Cordero cuestiona carta en apoyo a ME-O: “Su contenido es improcedente”
Respecto a la carta en apoyo a ME-O, Luis Cordero aseguró que tiene como propósito "afectar, comprometer o criticar" la autonomía del Ministerio Público.
Por Rodrigo León
Fueron diversas figuras políticas de izquierda los que firmaron la carta en apoyo a ME-O. AGENCIA UNO/ARCHIVO.
Luis Alberto Cordero Vega, ministro de Justicia y Derechos Humanos, se sumó a las críticas que surgieron a raíz de la carta que firmaron una serie de figuras internacionales en apoyo a Marco Enríquez-Ominami.
Entre ellos se encontraba el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el que buscaba entregarle su apoyo al ex candidato presidencial, tras el inicio del juicio por el caso SQM donde está imputado.
En conversación con Tele13 Radio, el secretario de Estado sostuvo que el documento “desconoce cuestiones procesales relevantes del sistema institucional chileno“.
A eso, agregó que la carta incluye “declaraciones que tienen por propósito afectar, comprometer o criticar esa autonomía (del Ministerio Público) me parecen impropias”.
“La leería como apoyo político a ME-O, pero desde lo institucional su contenido es improcedente“, agregó Luis Cordero.
Quiénes firmaron la carta en apoyo de ME-O
La carta en apoyo a Marco Enríquez-Ominami fue liderada por el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Pero a él se sumaron otras figuras de izquierda.
Entre ellos se encontraban los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador), Martín Torrijos (Panamá) y Evo Morales (Bolivia).
Se sumaron también el ex canciller brasileño y actual asesor internacional del presidente Lula da Silva, Celso Amorin; la presidenta de la Comisión de RR.EE. del Senado de México, Beatriz Paredes; y la diputada Karol Cariola (PC).
En cuanto al contenido, criticaron que “una justicia dilatada es una justicia denegada” y acusaron que “fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio“.
“Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile”, agregaron.
