Los detalles de la propuesta de pensiones de gracia para víctimas de violaciones a los DD.HH.

La iniciativa propone que se le pague mensualmente a las personas que hayan sufrido lesiones graves, cuyas consecuencias les hayan imposibilitado volver a sus trabajos.

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La propuesta está pensada para los casos que hayan sido constatados por el INDH. (Foto de Agencia Uno)
La propuesta está pensada para los casos que hayan sido constatados por el INDH. (Foto de Agencia Uno)
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El 15 de noviembre de 2019 y Diego Antonio Leppez caminaba por las cercanías del Parque Forestal, cuando una bomba lacrimógena golpeó su rostro, provocándole graves lesiones.

El joven de 27 años perdió por completo uno de sus ojos, además de sufrir una fractura nasal y otras heridas en su mandíbula que lo mantuvieron por al menos diez días hospitalizado, y que le dieron un vuelco de 180 grados a su vida.

El caso de Leppez representa a tantas otras personas que vieron cómo su vida dio un giro tras el 18 de octubre de 2019 y que podrían en un futuro quizás no muy lejano ser parte de los beneficiarios de las pensiones de gracia que proponen diputados de la oposición para las víctimas de  violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.).

La iniciativa busca que quienes hayan sufrido lesiones que le provocaron un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo y de costear a su vez las atenciones médicas derivadas de la situación.

“Obvio que siempre es bueno una ayuda. En este caso, alguna ayuda que pueda dar cierto tipo de reparación, porque puede que por las lesiones no puedas seguir cumpliendo las mismas funciones en tu trabajo, y claramente te despiden o delegan a otro menor. Así como si eres independiente, quizás tampoco podrás hacer ciertas cosas”, comentó Leppez a EL DÍNAMO.

Leppez explicó que “no solo es un daño físico y económico, también hay una afectación psicológica que te limita a cumplir otros roles, otras funciones. Te hace vivir con miedo de perder el otro ojo, y es algo que me imagino que les pasa a todos los que sufrieron trauma ocular”.

“Nosotros no nos buscamos esto, la reparación debe existir (…) a mí nunca me han pedido disculpas por lo que pasó”, lamentó.

Diego contó que debía volver a su trabajo en mayo de este año, luego de meses de recuperación, pero se encontró con que la empresa le había cambiado sus labores y disminuido su sueldo. Sus jefes le habrían manifestado que la medida era para “cuidar” de su salud, pero Diego asegura que no se trata de nada más que de un aprovechamiento y discriminación.

“Me quitaron el cargo de supervisor de departamento (…) pero nada que ver, como que se aprovecharon de la situación para poder delegarme de mis funciones y así poder hacer todo ilegalmente. Incluso puse una denuncia en contra de la empresa. Es fome, porque ya me sentía vulnerado por el estado y ahora en mi trabajo”, relató.

Pese a los dramáticos casos como el de Diego, la Cámara Baja había declarado inadmisible la propuesta, lo que fue posteriormente revertido en la Sala luego de que los diputados la admitieron a tramitación, aprobándola incluso con tres votos del oficialismo.

El argumento de la Cámara Baja para rechazar la propuesta se basaba en que correspondía a materias de administración financiera o presupuestaria del Estado, cuya facultad es exclusiva del Presidente de la República, Sebastián Piñera. Incluso, el Ejecutivo ingresó una indicación para suprimir la medida, sin embargo, fue también rechazada en la tramitación del pasado martes.

El diputado Daniel Núñez (PC), uno de los impulsores de la propuesta, sostuvo que la idea es incorporar una glosa 12 nueva a la Partida 50 del Tesoro Público en la Ley de Presupuesto 2021, lo que no significa una obligación para el mandatario de entregar las pensiones, “simplemente le dejamos el espacio abierto, es una especie de señal política”.

¿Quiénes recibirían las pensiones de gracia?

Durante el transcurso del mismo estallido social se registraron una serie de casos que denunciaban falsas agresiones u otras vulneraciones, las que posteriormente se fueron desmintiendo, provocando dudas en cómo se podría identificar aquellos casos que carecen de veracidad.

El diputado Núñez argumentó que la propuesta sostiene que se considerarán sólo los casos acreditados por el Instituto de Derechos Humanos (INDH).

“Nosotros lo hacemos sobre la base de la información que recopiló el INDH, en base a ese listado corroborado por ellos”, explicó el parlamentario, quien además aseguró que con esto el “margen de error disminuya significativamente”.

Sin embargo, Núñez no descartó que existan algunas situaciones en las que se cometan fraudes ligados a este pago: “Van a ser francamente excepciones (…) el instituto es el que está acreditando y eso nos da mucha tranquilidad de que se hizo un trabajo riguroso de estudio e indagación”.

Mientras que en relación a los montos que podrían entregarse en las pensiones de gracia, el parlamentario argumentó que eso aún es materia de análisis y discusión, no obstante cuenta que ellos proponen que el valor que tenga como base el salario mínimo.

De acuerdo al balance realizado por el INDH a un año del estallido social, se registraron un total de 3.023 víctimas de violaciones a los DD.HH. a nivel nacional. Entre ellas, 163 sufrieron lesiones oculares, de las cuales 32 perdieron la vista en uno o ambos ojos.

Asimismo, el instituto informó que desde el 18 de octubre de 2019 presentó 2.520 querellas, principalmente son en contra de Carabineros, ya que el entre Ejército, la Policía de Investigaciones y otros no especificados solo suman 180 acciones legales.

El diputado explicó que también podrían agregarse a estas personas, las familias de quienes hayan perdido la vida a raíz de las agresiones u acciones cometidas por agentes del Estado, y que eran el sustento del hogar y cuya ausencia les ha afectado también en el ámbito económico.

“Es absolutamente razonable y entendible esos casos. También es un criterio que podemos incorporar”, añadió.

Apoyo para procesos judiciales

El parlamentario del Partido Comunista (PC) explicó a EL DÍNAMO que estas pensiones de gracia, a las que denominaron como de “subsistencia”, ayudaría también a quienes se encuentran enfrentando un juicio y todos los procesos que eso significa para encontrar justicia y condenas para los responsables de sus lesiones.

Todo esto considerando que dichos procesos judiciales pueden tardar varios años en llegar resolverse y dar -eventualmente- alguna compensación económica a los afectados. El parlamentario tomó como ejemplo el caso de Fabiola Campillay, quien iba rumbo a su trabajo cuando fue impactada por una bomba lacrimógena en el rostro, la que terminó por dejarla -entre otras secuelas- ciega.

“Esos juicios, siendo bien rigurosos, pueden tardar dos o tres años en la persecución penal y otros dos en la civil. Entonces, estamos hablando que personas como Fabiola Campillay, que mantenía a su familia con su trabajo y que ahora no puede hacerlo, va a estar cinco años sin ningún ingreso”, explicó.

A eso, se suman los gastos médicos que debe asumir la mujer ante las constantes cirugías y procedimientos que debe realizarse por las graves lesiones que provocó el inesperado ataque, que sin querer convirtió a la mujer en uno de los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos.

“Lo que nosotros proponemos es una pensión de subsistencia que se les entregue de forma inmediata, independiente de las indemnizaciones que reciban a futuro”, sostuvo, sin descartar que en caso de que el Gobierno “quiera” se pueden descontar los montos otorgados de la compensación que puedan llegar a obtener en un juicio.

“Lo que no podemos hacer es dejar a esas personas expuestas a vivir de la caridad, porque en la práctica arriesgamos a dejarlas en situación de indigencia”, agregó.

Hasta el momento, y según datos del INDH, se han formalizado 31 querellas. Además de imputarle cargos a 72 funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas, obteniendo por ahora solo la condena en contra de un carabinero acusado de homicidio frustrado en Rancagua.

En el caso de Diego Leppez explica que interpusieron una querella en contra del ex ministro del Interior Gonzalo Blumel, el ex general director de Carabineros, Mario Rozas, y el Presidente Sebastián Piñera con el fin de que asuman sus responsabilidades en los hechos que no solo lo hirieron a él.

“Es un proceso súper largo, y se ha hecho tedioso con el tema de la pandemia, se ha atrasado un poco. Pero la fiscal Ximena Chong ha estado muy presente con nosotros, de hecho hasta ha estado atenta a la denuncia que puse en contra de mi empresa”, contó.

El joven concluyó que no solo es solo la pérdida ocular, porque “se te van a cerrar puertas por todos lados, van a haber dificultades y distintas cosas que te van a ir perjudicando día a día, notarás que hay cosas que quizás no podrás hacer”, destacando además que la idea es encontrar a los culpables no “romantizar” la lucha por salir adelante de las víctimas. 

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