El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) defendió su propuesta de expropiación de parte de los terrenos de la megatoma de San Antonio, haciendo un llamado a la oposición a “evitar la polarización y el escalamiento del conflicto”.
En una declaración pública, la cartera que dirige Carlos Montes salió al paso de la acción de diputados de RN, quienes recurrieron a la Contraloría para que analice la legalidad de la operación que generará un costo de $1.100 millones por la compra de 100 hectáreas de las 215 que involucra el asentamiento ilegal en cerro Centinela.
El Minvu planteó que su acción es parte de sus facultades para “implementar políticas y programas habitacionales para enfrentar el déficit de vivienda y promover la integración social y urbana” y “expropiar terrenos para el cumplimiento de los programas de construcción aprobados por Decreto Supremo del Minvu y publicados oficialmente”.
Respecto a la megatoma de San Antonio, la Secretaría de Estado expresó que “representa una situación de urgente necesidad habitacional que afecta a más de once mil personas inscritas en el catastro oficial de campamentos del Minvu del año 2024″.
“Serviu posee la facultad de expropiar y nuestra legislación consagra una causal de utilidad pública general para llevar a cabo programas propios del Minvu. Una sentencia judicial que ordena un desalojo debe cumplirse, pero no extingue la utilidad pública ni la facultad expropiatoria del Serviu, ni convierte el inmueble en inexpropiable“, argumentó el Minvu.
En esta línea, recalcó que “la expropiación en este caso no se enmarca en una estrategia para evitar el desalojo, como lo han planteado erróneamente algunos actores, sino que, al contrario, la adquisición vía expropiación de los terrenos se realizará con la finalidad de implementar los programas habitacionales del ministerio, con un plan habitacional que pueda, además, integrar a otras familias y forma parte de las medidas para dar cumplimiento a la sentencia de los Tribunales de Justicia”.
La expropiación estará marcada por el actuar de un Comité de Expertos que “definirá el monto de la indemnización provisional. De considerar las personas propietarias que les representa un daño patrimonial, tienen las facultades de apelar ante el Tribunal competente”.
“Entregaremos nuestros argumentos técnicos, sociales y jurídicos en las instancias judiciales y administrativas que se requieran, pero es necesario hacer un llamado a evitar la polarización y el escalamiento del conflicto. El Gobierno ha propuesto caminos institucionales para dar cumplimiento al fallo judicial y entregar una solución equilibrada a un problema complejo y multidimensional en el marco de la legalidad, y con respeto a los derechos de todos los involucrados en esta situación que es excepcional, por las características del campamento y su envergadura”, sentenció.
