La Contraloría General de la República dio cuenta que los establecimientos que presentaron una mayor cantidad de sanciones y denuncias de violencia escolar entre 1014 y 2025, no fueron fiscalizados por la Superintendencia de Educación, además de acusar fallas en la reubicación de estudiantes expulsados.
En su informe, el organismo indicó que entre 2020 y el 13 de octubre 2025 se recibieron 35.410 denuncias por violencia escolar a nivel nacional, pero la Superintendencia solo supervisó 1.727 de ellas.
En esta línea, Contraloría constató que este tipo de denuncias ha aumentado con el paso de los años y se volvió una de las principales problemáticas que enfrenta la educación pública.
En el caso de los estudiantes de colegios emblemáticos que vieron la cancelación de su matrícula o su expulsión y que se revisó reubicación, se detectó que 38 de ellos cuentan con matrícula en otro recinto emblemático o en el mismo colegio en el cual fueron sancionados.
La auditoría analizó la situación del Instituto Nacional José Miguel Carrera, Liceo José Victorino Lastarria, Internado Nacional Barros Arana (INBA), Liceo de Aplicación, Liceo Manuel Barros Borgoño, Liceo 7 de Providencia y el Liceo Carmela Carvajal, en las comunas de Santiago y Providencia, los cuales concentraron la mayor cantidad de denuncias y sanciones en el período auditado.
Se constató que el 21% de los alumnos sancionados se reincorporó al mismo establecimiento que los expulsó o canceló la matrícula, “donde los directores no hicieron uso de la facultad de oponerse”. Asimismo, el 79% restante “se incorporaron a otro de los establecimientos emblemáticos situados entre aquellos con más problemas de violencia”.
Ante este escenario, “la Contraloría ordenó a la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación adoptar coordinadamente las medidas pertinentes según corresponda. Lo mismo para que regulen el procedimiento y las facultades de los intervinientes en aquel, para la reubicación en nuevos establecimientos educacionales de aquellos estudiantes que hayan sido sancionados con la medida de expulsión o cancelación de matrícula, considerando en particular aquellas aplicadas con motivo de hechos vinculados con violencia”.
