La Contraloría General de la República dictaminó que las municipalidades podrán entregar protección adicional a alcaldes, concejales y funcionarios comunales amenazados, adecuándose a su presupuesto.
Para ello, los municipios pueden adquirir, de manera excepcional y transitoria, materiales para la protección de quienes “hayan denunciado amenazas concretas a su seguridad personal y cuenten con medidas de protección ordenadas”.
“El pronunciamiento se sustenta en las atribuciones municipales en materia de seguridad pública comunal, así como en la obligación de los alcaldes y jefaturas de unidad de velar por condiciones de trabajo seguras que permitan una actuación eficiente de autoridades y funcionarios”, consignó el organismo.
La Contraloría puntualizó que las municipalidades cuentan con facultades legales para adquirir elementos destinados a la protección personal cuando ello “resulta necesario para el cumplimiento de sus funciones, particularmente en contextos de riesgo asociado al ejercicio de cargos públicos. Asimismo, el dictamen considera el fortalecimiento de la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública, contemplado en la Ley N° 21.802, cuya entrada en vigor se producirá en agosto de 2026″.
En esta línea, el organismo detalló que, si bien los concejales no están bajo el estatuto de los funcionarios municipales, las comunas pueden adoptar las medidas necesarias para resguardar su integridad de riesgos derivados del ejercicio del cargo.
“Por último, el organismo de control enfatiza que, dado que las amenazas a la integridad personal pueden constituir delitos, estas deben ser denunciadas previamente ante el Ministerio Público, conforme a la normativa vigente”, cerró.
