Una nueva encuesta de Democracia UDP y Feedback sobre democracia y el sistema judicial en Chile reveló una fuerte tensión entre la alta valoración que la ciudadanía otorga a la justicia y la profunda desconfianza que existe hacia su funcionamiento. El estudio muestra que, aunque la democracia se fortalece en preferencia, persiste una percepción extendida de corrupción, desigualdad y lentitud en el sistema judicial.
De acuerdo con los resultados, un 71% de los encuestados señala que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, el nivel más alto registrado en la serie. Sin embargo, en paralelo, la delincuencia, la inseguridad y el narcotráfico (28%) junto con la incapacidad del sistema político para resolver problemas (27%) aparecen como los principales problemas del país.
En conversación con EL DÍNAMO, el director de Democracia UDP y exconstituyente, Patricio Fernández, destacó la aparente contradicción entre ambos fenómenos,. “Es especialmente paradójico que en todas nuestras encuestas la democracia no solo resiste, sino que se fortalece, y en el mismo momento en que eso ocurre, se considera que uno de los mayores problemas que existe en Chile es la incapacidad del sistema político para resolver justamente los problemas que se le presentan”, indicó
Qué hay detrás de la desconfianza y la desigualdad en el sistema judicial, según reciente estudio
El estudio muestra que el acceso igualitario a la justicia es considerado el atributo más importante de una democracia, con un 88%, incluso por sobre las elecciones libres e imparciales (87%).
En esa línea, Fernández señaló que “en esta encuesta vuelve a decirse mayoritariamente que el atributo esencial es el acceso igualitario a la justicia. Y el que la justicia sea al mismo tiempo apreciada como desigual es justamente un handicap importante para considerar querida, apreciada y valorada nuestra democracia”.
La percepción de desigualdad es transversal: un 88% afirma que el acceso a la justicia depende del dinero, los contactos y el lugar donde se vive, mientras que un 86% considera difícil que una persona común pueda hacer valer sus derechos en tribunales.
Además, un 94% cree que los políticos reciben un trato favorable en la justicia, seguidos por la clase alta (85%), mientras que los sectores más vulnerables serían los más perjudicados.
La encuesta también evidencia una baja confianza en el sistema judicial, ya que en promedio, solo un 17,6% declara confiar en sus instituciones, frente a un 52% que manifiesta desconfianza. En tanto, un 58% cree que la justicia ha empeorado en los últimos años.
Junto a ello, la corrupción aparece como el principal problema del sistema, con un 91% que la considera “muy grave”. A esto se suma la percepción casi unánime de infiltración del crimen organizado en cárceles a través de Gendarmería.
En materia de seguridad, el estudio revela una fuerte inclinación hacia medidas más duras. Un 94% apoya la cárcel para delitos económicos, un 74% respalda sancionar la inmigración ilegal con pena de cárcel o expulsión, y un 61% se muestra a favor de restablecer la pena de muerte en casos de extrema gravedad.
También existe apoyo a rebajar la edad de responsabilidad penal bajo los 14 años (48%), aunque con una fuerte división política.
No obstante, estas posturas conviven con una base garantista significativa porque un 74% defiende la presunción de inocencia, un 63% cree que deben respetarse los derechos de quienes delinquen y un 71% valora la rehabilitación como objetivo del sistema penal.
Democracia fuerte, pero con pesimismo creciente
Fernández subrayó también la paradoja entre el apoyo democrático y el malestar institucional. En sus palabras, “en el mismo tiempo en que una mayoría más grande que en todas nuestras encuestas anteriores considera que la democracia es el mejor sistema para solucionar sus problemas”. También se intensifica la percepción de incapacidad del sistema político.
En efecto, el pesimismo sobre el futuro del país aumentó fuertemente, mientras que el apoyo a gobiernos autoritarios disminuyó del 31% al 23%.
En ese sentido, el estudio concluyó que Chile vive un escenario de alta valoración de la democracia, pero simultáneamente marcado por una profunda desconfianza hacia la justicia y las instituciones, así como por una creciente demanda de respuestas más duras frente a la delincuencia.