La Contraloría General de la República concretó una auditoría y examen de cuentas a la Universidad del Biobío, detectando una deficiente gestión para recuperar $4.200 millones entregados, entre 2017 y 2024, a académicos beneficiarios de programas de perfeccionamiento.
Según el informe del organismo fiscalizador, la casa de estudios no concretó gestiones de cobro de $2.019 millones, los que realizaron con posterioridad al accionar de la Contraloría, sin que a la fecha se haya acreditado su reintegro.
En esta línea, si bien ya había iniciado acciones para recuperar otros $2.192 millones antes de la fiscalización de la Contraloría, no se concretó la efectiva restitución de esos recursos.
Por su parte, aún persisten $308.501.921 respecto de los cuales no se ejercieron oportunamente acciones judiciales de cobro, situación que derivó en la prescripción de las causas y comprometiendo su recuperación.
La Contraloría Regional del Biobío también comprobó que “una parte importante de las causas examinadas presenta prolongados períodos de inactividad procesal y que varias habrían concluido sin resultados favorables para la institución. Los antecedentes recopilados evidencian debilidades en los mecanismos de control, monitoreo y seguimiento de los procesos judiciales originados por ceses de patrocinio institucional”.
El organismo puntualizó que esto “resulta especialmente relevante considerando que, tras el término del contrato de cobranza externa en junio de 2020, la universidad no acreditó la adopción de medidas que garantizaran la continuidad y efectividad de las acciones destinadas a recuperar los recursos comprometidos”.
Desorden administrativo y contable
La auditoría también detectó deficiencias en los registros contables de la institución. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2024, la Universidad del Biobío no mantenía registrados en su contabilidad $1.452.058.484 correspondientes a deudas derivadas de ceses de patrocinio –acto con el cual la universidad revoca el respaldo a un académico para un proyecto- ya decretados, además de $88.596.051 asociados a ceses de patrocinio que aún no habían sido formalizados mediante los actos administrativos respectivos.
Asimismo, se constató una excesiva demora en la emisión de los decretos universitarios que formalizan el cese de patrocinio institucional. En algunos casos, transcurrieron más de 10 años entre los acuerdos adoptados por el Comité de Perfeccionamiento Académico y la dictación de los actos administrativos por parte de la autoridad universitaria, retrasando el inicio de las acciones de cobro contra los deudores.
