Las declaraciones de Jaime Bassa (FA) en contra de Javier Macaya (UDI) podrían costarle su desafuero, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso admitiera a trámite el requerimiento presentado por el senador por el delito de “injurias graves hechas por escrito y con publicidad”.
Tras la decisión del pleno, ahora el diputado tiene un plazo de diez días para presentar sus descargos, lo que podría derivar en perder su inmunidad parlamentaria.
Los dichos de Bassa se remontan, en primera instancia, a la campaña electoral, cuando vinculó al gremialista con el uso de “granjas bots“. Además, lo vinculó con la red del consultor argentino, Fernando Cerimedo.
Sobre esto último, se acusó al senador de tener un contrato con la empresa Ananda Comunicaciones SpA por $25,2 millones. Esto correspondería a servicios entre enero y diciembre de 2026, lo que habría sido financiado con cargo a la Asignación de Asesoría Externa del Senado
La defensa de Macaya, según consignó El Mercurio de Valparaíso, recalcó que los medios que cubrieron la noticia indicaron que “no existe evidencia alguna de una relación directa entre mi representado y el señor Cerimedo, y que el referido contrato no acredita por sí mismo vínculo alguno con la red de aquél” y que dicho documento no acredita “por sí mismo vínculo alguno” con su red.
El requerimiento de Javier Macaya contra Jaime Bassa consigna que debido a estas imputaciones lo “enloda gratuita y falsamente“.
“Ejerceré mi derecho a defensa”
El diputado frenteamplista, ante esta arremetida judicial, aseguró que “ejerceré mi derecho a defensa, con pleno respeto al procedimiento judicial” y que la discusión se da en el marco de un proyecto de ley que presentamos para sancionar el uso de granjas de bots y otras herramientas digitales en procesos electorales”.
“La manipulación de la opinión pública mediante granjas de bots y otras herramientas digitales es un problema grave para nuestra democracia“, insistió. Agregó que “los antecedentes que se han conocido públicamente sobre Fernando Cerimedo refuerzan la necesidad de investigar estas prácticas y avanzar en una legislación que permita sancionarlas”.