17 días después de haber recepcionado el informe con recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, el presidente Gabriel Boric anunció una batería de medidas para cristalizar el documento en propuestas concretas con el fin de avanzar en la resolución del conflicto que afecta a la denominada Macrozona Sur.
En cadena nacional, el jefe de Estado anunció como principal medida la sustitución del actual Sistema de Tierras Indígenas a través de una consulta indígena para dar con una nueva institucionalidad.
“En base a la recomendación de la comisión, impulsaremos la creación de un nuevo órgano de asuntos indígenas de alta jerarquía en el Estado”, sostuvo Boric.
En concreto, el informe propone un nuevo Sistema de Reparación de Tierras que armonice la Ley Indígena N° 19.253 con el Convenio N° 169 de la OIT, creando una Agencia de Reparación, la cual debe tener como característica ser un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia de un nuevo organismo de alto nivel jerárquico, encargado de administrar el sistema de reparación.
Eso debería concretarse a través de un Sistema de Financiamiento que considere aproximadamente US$4.000 millones, recursos destinados a resolver las demandas de tierras.
Este fondo se subdivide en US$3.266 millones para solicitantes con aplicabilidad y solicitud de aplicabilidad presentada, US$605 millones para comunidades ya constituidas y comunidades nuevas que invoquen títulos no utilizados, y US$129 millones para comunidades constituidas que no cuentan con titulación histórica.
Dentro de la propuesta de la comisión también se recomienda la creación de un Tribunal Arbitral, órgano autónomo y administrativo que actuará como ente capaz de resolver solicitudes basadas en tierras sin titulación histórica y solicitudes de comunidades formadas después de la entrega de este informe.
Otro punto relevante del informe —y que sería una materia adoptada por la propuesta de Boric— es que se amplían las formas de compensación. Aunque se prioriza la reparación en tierras, se ofrecen alternativas como infraestructura habitacional o productiva, pago de créditos hipotecarios, financiamiento de estudios superiores, mecanismos de participación en la administración de parques nacionales y áreas protegidas, y planes habitacionales para familias en zonas urbanas o periurbanas.
Sumado a eso, se flexibiliza el uso de tierras indígenas permitiendo contratos de usufructo, arrendamiento y mediería por plazos de hasta 25 años, requisitos formales como escritura pública e inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, entre otras exenciones.
Todo esto debería ser parte de la discusión a abrirse en la consulta indígena anunciada para el segundo semestre.
¿Es viable políticamente la nueva institucionalidad?
Según lo comprometido por el mandatario, la consulta índigena debería ser convocada luego del 1 de julio de 2025.
Es en ese contexto que la viabilidad de la medida corre peligro. ¿La razón? El escaso tiempo que le resta al Gobierno en el poder y los tiempos que demora la consulta, sin mencionar los plazos legislativos y la oposición a las medidas anunciadas por parte de las bancadas de oposición.
De acuerdo a lo que señala el Decreto Supremo 66, entre todas las etapas que comprende el desarrollo de una consulta indígena, de cualquier tipo, el tiempo a destinarse son 125 días hábiles.
Las etapas que deben desarrollarse en el marco del mecanismo son: planificación del proceso; entrega de información y difusión del proceso; deliberación interna de los Pueblos Indígenas; diálogo entre los Pueblos Indígenas y el Estado; sistematización, comunicación de resultados y término del proceso; y el informe final que debe reflejar los acuerdos adoptados.
En el mejor de los casos, si es que la consulta iniciase el 1 de julio —según lo que dijo Boric— el resultado estaría recién el 23 de diciembre de este año. Dicha fecha, coincidiría con la semana pos segunda vuelta presidencial y con un nuevo Congreso ya electo.
En ese escenario, sería virtualmente imposible legislar una ley de esas características tomando en consideración que sólo tendría un mes y medio el Congreso saliente debido a que en febrero hay receso legislativo.
La situación fue advertida por Jorge Rathgeb (RN), representante de La Araucanía, quien sostuvo tras el anuncio que “el mismo presidente lo dice: existirán consultas, nuevos sistemas de reparación, un nuevo estamento indígena de alta jerarquía, lo cual hará un proceso más lento y puede tener más derivadas que complejizará más el tema, por lo mismo y bajo el tenor que dice el presidente, sigue existiendo más dudas que certezas sobre la viabilidad de aplicar el informe”.
El análisis es compartido por el abogado y académico de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, quien hace la salvedad de que la consulta que se requiere no es sólo del pueblo mapuche, como mencionó Boric, sino que debe ser nacional.
“Son consultas nacionales porque, tratándose del sistema de tierras y la nueva institucionalidad, afectan a todos los pueblos indígenas, no solo al pueblo mapuche. En ese sentido, el presidente habló de una consulta al pueblo mapuche y eso no es efectivo”, explica Millaleo a EL DÍNAMO.
Y agrega respecto a los plazos: “Una consulta indígena nacional puede tomar mínimo ocho meses. Y puede tener incidencias o conflictos e incluso se puede suspender y después retomarse. Entonces puede durar un año, a menos que quieran hacer una consulta muy liviana, muy ligera, y eso va a generar también muchos conflictos. Una consulta nacional como la que se requiere toma al menos ocho meses. Y luego está la tramitación parlamentaria”.
La necesidad del compromiso del próximo Gobierno
Antes incluso de que la comisión entregara sus resultados al presidente Boric, el presidente de la instancia, Alfredo Moreno, había advertido en entrevista con EL DÍNAMO que, para tener éxito en las propuestas, se requiere el compromiso y apoyo del próximo gobierno.
“Hay que tener presente que esto requiere varias etapas (…) requiere una consulta muy amplia que podría tomar aproximadamente un año. Luego, con esa información y con la reacción del pueblo mapuche en sus diferentes sectores, se podrían enviar los proyectos al Congreso, lo que también tomaría un par de años para que se aprueben todos. Este es el inicio de un camino largo, si es que resulta exitoso. Es una tarea que abarcará todo lo que le queda a este gobierno y parte sustantiva del siguiente”, dijo el también ex ministro, representante de Chile Vamos en la comisión.
Esa mirada es compartida por Millaleo quien señala que “siempre ha sido claro que para que la Comisión tuviera éxito y todo lo que se diga de ella, es importante no solo la disponibilidad de este gobierno, sino también del siguiente. O sea, es muy difícil pensar que esto se vaya a lograr, a menos que sea una política de Estado”.
Por lo mismo, dice el académico, es crucial para la viabilidad de la propuesta en tierras —y las otras, de igual forma— que la oposición se muestre abierta a apoyar las recomendaciones de la comisión, dado que en las diversas encuestas los candidatos de derecha asoman en las primeras posiciones en la intención de voto.
“Esto requiere el apoyo de la oposición y el apoyo de un futuro gobierno, que todavía hay incertidumbre sobre eso, pero que es un esfuerzo que Chile requiere. Es algo que independientemente de lo complicado que sea el contexto electoral, creo que pasada la contienda electoral esto va a seguir siendo necesario”, sentencia Millaleo.
