Un grupo transversal de senadores, que va desde Chile Vamos al Partido Socialista y al Frente Amplio, presentó un proyecto de reforma para elevar los requisitos para presentar una acusación constitucional por parte de la Cámara de Diputados.
Los legisladores indicaron en la iniciativa que si bien un libelo se trata de “una institución de carácter excepcional”, en los últimos años “se ha observado una utilización cada vez más frecuente de esta herramienta, transformándola en numerosos casos en un instrumento de disputa política contingente”.
Para ello, ponen como ejemplo lo vivido en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, donde se presentaron acusaciones constitucionales contra una serie de ministros, entre los que destaca Andrés Chadwick, Marcela Cubillos, Raúl Figueroa, además del propio jefe de Estado.
A esto se sumó lo visto en la administración de Gabriel Boric, donde Izkia Siches, Carolina Tohá, Marco Antonio Ávila, Giorgio Jackson, Carlos Montes y Diego Pardow, entre otros, pasaron por lo mismo, al que se agregará Nicolás Grau.
Luciano Cruz-Coke, presidente y senador de Evopoli, explicó que la iniciativa “cuenta con la gran mayoría de senadores y diputados de ambas cámaras, precisamente con el objeto de perfeccionar, como lo propuso la comisión experta en su momento, la herramienta de acusación constitucional”.
“Consideramos que la herramienta de acusación constitucional se ha desnaturalizado enormemente. De las 119 acusaciones constitucionales que se han presentado en los últimos años, desde que volvimos a la democracia, 40 de ellas se han presentado en el gobierno último de Sebastián Piñera y en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Además, por supuesto, de la acusación constitucional que hoy día se ha presentado en la Cámara de Diputados”, puntualizó Cruz-Coke.
En esta línea, el senador recalcó que “esto ha generado que la acusación constitucional se haya transformado en una herramienta que secuestra al debate político por parte de grupos menores”.
La propuesta apunta a incrementar de 10 a 20 los parlamentarios que formulen la acusación constitucional contra el presidente de la República, ministros de Estado, magistrados de tribunales superiores de Justicia, contralor general, generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, y gobernadores.
“Para declarar que ha lugar la acusación se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio”, precisa el proyecto.
