“Lo vemos después del 18”, es la frase que por estos días se repite en oficinas, obras y reparticiones públicas de todo Chile. Y el Gobierno no es la excepción.
Esta semana, como ocurre cada año, los parlamentarios fijaron su semana distrital para coincidir con Fiestas Patrias y trasladarse a sus regiones, dejando en pausa la tramitación legislativa. El Ejecutivo, por su parte, despliega su propia agenda patria: planes preventivos en carreteras y salud, el tedeum, la parada militar y el tradicional pie de cueca del presidente en el Parque O’Higgins.
Pero el respiro es corto. El lunes, junto con el resto del país, la política vuelve a correr.
Para la última semana de septiembre, el Ejecutivo tiene al menos cuatro definiciones pendientes: el plan de emergencia laboral, la reforma constitucional de seguridad, el futuro del modelo comunicacional sin vocero exclusivo, y la Ley de Presupuesto 2027 —cruzada, además, por la presión de sus propios socios por los indultos.
El plan de emergencia laboral, la nueva prioridad económica
El giro de la seguridad como eje principal de la agenda al empleo se explica por cifras. La tasa de desocupación llegó a 9,5% en el trimestre móvil mayo-julio, su nivel más alto en cinco años y un alza de 10,4% en doce meses.
El lunes 14, el presidente José Antonio Kast reunió en La Moneda a los timoneles de los partidos oficialistas —Arturo Squella (Republicanos), Guillermo Ramírez (UDI), Andrea Balladares (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli)— en un encuentro centrado casi por completo en el mercado laboral, donde comunicó que instruyó a los ministerios de Hacienda, Trabajo, Obras Públicas y Vivienda, junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, preparar un plan de “emergencia laboral”.
El diseño del plan avanza sobre cuatro ejes —entre ellos subsidios a la contratación y aceleración de obra pública y de vivienda— aunque el paquete no está cerrado y se anunciaría hacia fines de septiembre o principios de octubre, con medidas para los meses siguientes.
En paralelo, el Subsidio Unificado al Empleo (SUE) entra en vigencia el 1 de octubre, con una lógica de incentivo mutuo empresa-trabajador que otorga hasta un 20% de la remuneración bruta mensual para cada parte, con un tope de $185.000 mensuales por hasta 12 meses.
El propio oficialismo pidió que el proyecto de Presupuesto 2027 refuerce esa prioridad, en momentos en que el Ejecutivo debe ingresarlo al Congreso antes de que termine el mes.
La reforma de seguridad
En paralelo a la agenda a la agenda pro empleo, sigue discutiendo en el Senado la reforma de seguridad. Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto que impulsa el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (Partido Republicano), necesita 4/7 de los senadores en ejercicio: 29 votos, tres más de los 26 con que se identifica el oficialismo en la Cámara Alta.
Ante ese escenario, los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos), ambos integrantes de la Comisión de Constitución, fueron mandatados para construir una fórmula que ampliara el respaldo.
Ambos senadores han dado luces del contenido de la propuesta. El aspecto principal es la eliminación de la creación de un nuevo estado de excepción y, en su lugar, incorpora al actual estado de emergencia una causal aplicable ante amenazas de grave alteración del orden público o de grave daño a la seguridad de la nación.
Además, se buscará equiparar el crimen organizado con el terrorismo y deja para una ley posterior la regulación de un registro de organizaciones criminales. Squella explicó que el trabajo busca una redacción que “se haga cargo de las aprensiones que han presentado algunos parlamentarios”, sin renunciar al propósito original de la reforma.
Sin embargo, ese contenido corresponde hasta ahora a una versión no definitiva. Las indicaciones aún no han sido ingresadas formalmente a la secretaría de la Comisión de Constitución del Senado. Ese paso —la presentación oficial del texto— se espera recién la próxima semana, cuando los parlamentarios retomen su actividad en Valparaíso.
Desde ahí, Arrau deberá iniciar la tarea de reunir los votos que le faltan, en un momento de desgaste para el ministro: pasó del primer lugar en la evaluación de Criteria en junio (56%) al quinto en la medición de agosto (49%).
El debate abierto por la vocería única de Gobierno
Desde la salida de la exministra Mara Sedini, la vocería de Gobierno quedó en manos de Claudio Alvarado (UDI), quien la ejerce de manera compartida junto al subsecretario Máximo Pavez.
El esquema, sin embargo, no convence a todo el oficialismo. El jefe de bancada de RN, Diego Schalper, ha sido enfático en que “el gobierno del presidente Kast necesita un vocero urgentemente”, y que es necesario “cambiar el modelo” político implementado por el Ejecutivo.
El propio presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), planteó que en algún momento habrá que evaluar “poner un vocero de dedicación exclusiva”
Con la vuelta de la actividad política, el Gobierno deberá decidir si mantiene el modelo del biministro-vocero o cede a la presión por recuperar una vocería de dedicación exclusiva.
Presupuesto 2027 y la presión por los indultos
El plazo constitucional dice que el Ejecutivo tiene hasta el 30 de septiembre para ingresar el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 al Congreso, que luego contará con 60 días para su tramitación.
La discusión interna ya se adelantó. Mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostiene una postura de austeridad con un alza máxima de gasto público del 1%, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, pidió un reajuste de 23,9% para su cartera, en una pulseada que se suma a la petición explícita del oficialismo de priorizar la creación de empleo en el articulado.
La tensión con Argentina también favorece a Defensa: el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, planteó que “debemos preocuparnos de actualizar y mejorar nuestra capacidad disuasiva”.
En paralelo corre la presión por los indultos que republicanos y libertarios (PNL) exigen a Kast para uniformados condenados durante el estallido social de 2019.
Un grupo de senadores de ambas colectividades —encabezado por la senadora Vanessa Kaiser (PNL)— constituyó una “bancada por el indulto” y presentó un proyecto de indulto general, en momentos en que el Ejecutivo reconoce más de 40 solicitudes recibidas desde marzo.
Kast ha evitado comprometer una fecha y ha insistido en que los indultos que eventualmente se otorguen serán analizados en su mérito, caso a caso, descartando además la aplicación de una regla general. Con el Presupuesto por ingresar antes de fin de mes y la agenda de indultos sin resolución, ambos frentes quedan entre los pendientes que el Gobierno también dejó, en los hechos, para después del 18.
