La discusión del Presupuesto 2027 ya comienza a tomar forma. Luego de que el presidente José Antonio Kast se reuniera con los partidos oficialistas el martes en Cerro Castillo, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, sostuvo que el primer eje del proyecto serán los programas gubernamentales que no están bien calificados, pero que nunca se toma la decisión de cortarlos.

Ayer trascendió uno de aquellos programas que no cuenta con una evaluación favorable y que quedará sin fondos el próximo año, si es que el Congreso lo aprueba. Se trata de Yo Elijo mi PC, una iniciativa gubernamental que desde 2009 entrega computadores portátiles a estudiantes de séptimo básico con buen rendimiento. Este año, el programa utilizó $35 mil millones y entregó notebooks a 96 mil alumnos.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), explicó que esta suspensión del beneficio tiene que ver con los hallazgos en focalización, eficiencia y eficacia de los monitoreos que año a año el Ejecutivo hace a más de 600 programas gubernamentales. Según la última evaluación de impacto disponible que hizo la Dirección de Presupuestos (Dipres), no se encontraron mejoras asociadas a rendimiento académico, asistencia, habilidades no cognitivas y de buen uso de la tecnología para estudiar. También se detectó que el criterio usado para seleccionar beneficiarios podría no estar identificando necesariamente a quienes tenían una mayor brecha digital.

¿Cómo son estas evaluaciones? ¿Qué criterios incorporan? ¿Son efectivas para dilucidar si un programa debe cerrarse o reformularse? ¿Existe un ranking de los programas peor evaluados y que podrían cortarse? ¿Cuáles son? EL DÍNAMO quiso responder estas preguntas de la mano de los datos y de quiénes han conocido el gasto fiscal de cerca: María José Abud, economista y ex integrante de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público; Rodrigo Arriagada, investigador principal de Clapes UC y evaluador de programas estatales; y Luis Felipe Cristi, director ejecutivo de Democracia y Progreso y autor de estudios sobre el desempeño de planes gubernamentales.

EPG y EFA: mal o bajo desempeño

Si bien no existe un ranking como tal que provenga de la Dipres, lo que más se le asemeja es la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) y la Evaluación Focalizada de Ámbito (EFA). Ambas analizan un número acotado de programas —entre 9 y 10 por año, aproximadamente— y califican su desempeño en las categorías bueno, medio, bajo y malo.

Este año, de los siete programas que evaluó la Dipres en la modalidad EPG, tres fueron calificados con mal desempeño y los cuatro restantes con uno bajo. Ninguno obtuvo una clasificación favorable. La última cohorte de EFA (2025), en tanto, situó a dos de los cuatro programas evaluados, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Fondo Subsidio ELEAM, con desempeño medio y a los otros dos —intermediación de programas y componentes de eficiencia energética y el Programa de Reforzamiento de la Atención Primaria— con mal desempeño.

Un análisis realizado por la plataforma Tuwün, que cruza datos públicos de la Dipres para construir indicadores de gasto público, arrojó que aquellos programas evaluados bajo la clasificación EPG entre 2024 y 2026, con desempeño malo o bajo, involucran más de $639 mil millones.

“Los indicadores suelen ser muy malos: el 60% resulta mal evaluado, es decir, presenta bajo o definitivamente mal desempeño. Si se hacen 10 evaluaciones al año, 6 caen en esa categoría, lo que es preocupante porque significa que no están cumpliendo su función y los recursos asignados no rinden”, apunta Luis Felipe Cristi, de Democracia y Progreso.

El investigador Rodrigo Arriagada, quien participó como evaluador externo de Bosque Nativo, uno de los programas que obtuvo mal desempeño, detalla este proceso: “La EPG monitorea el desarrollo de actividades y evalúa si concuerdan con el propósito y objetivo del programa; busca verificar si hay una buena alineación. Por lo tanto, si un proyecto sale mal evaluado en una EPG, significa que hay problemas de diseño que se deben ajustar porque la implementación y la planificación no conversan. El espíritu de la EPG es la mejora continua”.

“Pero hay un problema en la dinámica: cuando te contratan como evaluador, tienes a la DIPRES al medio y como contraparte al programa evaluado. Es un proceso tenso, pues el programa se ve obligado a entregar información y cooperar con el ejercicio. Y uno de los mayores obstáculos para evaluar —y que encarece mucho el proceso— es la escasez de información. Cuesta mucho que los programas entreguen datos porque ven al consultor como alguien que viene a demostrar que están haciendo mal su trabajo. Además, la DIPRES no cuenta con herramientas legales para exigir la entrega oportuna de la información. En la EPG del programa de bosque nativo, por ejemplo, más de la mitad del tiempo se destinó únicamente a conseguir los datos“, revela.

El paso previo, el monitoreo de programas

Antes de que se realicen las EPG y EFA, la Dipres ejecuta junto a la Subsecretaría de Evaluación Social (SES) un monitoreo anual de los programas. Luis Felipe Cristi hizo un análisis de este proceso y dio cuenta de un hallazgo preocupante: el 61% de lo que se gasta en ellos no puede evaluarse en términos de resultados y el 86,3% de los programas reconoce en su propio reporte observaciones sobre la calidad de su información.

 “No se puede determinar si se está ejecutando bien o mal, y eso me parece gravísimo. El 60% está a ciegas. Lo preocupante no es solo que el gasto no se pueda evaluar, sino que la oferta pública no está llegando a la gente, lo cual es aún peor: la mitad de los programas llega a menos del 25% de su población objetivo. Se podría argumentar que la población meta es muy amplia y por eso la cobertura resulta baja en el papel, pero eso refleja también un problema de gestión, ya que al abarcarlo todo los recursos se diluyen”, comenta el investigador.

Un cruce histórico entre las bases del monitoreo de 2024 y 2025 identificó que 13 programas, con un gasto de $398.668 millones, fallaron en 2024 y mantuvieron, bajo la regla unificada de evaluación, tres o más dimensiones deficientes en 2025.

Rodrigo Arriagada suma otro matiz: “La Dipres licita anualmente un número finito de evaluaciones porque requiere recursos y especialistas, los cuales tampoco abundan. Existen cientos o miles de programas, por lo que sería imposible evaluarlos todos. Hay un problema estructural sobre cómo abordamos la evaluación y las implicancias que esta tiene”.

Con todo, no todo en los procesos de monitoreo conforma un panorama negativo. Cristi destaca que “cuenta con un equipo profesional muy bueno y que ha ido mejorando su metodología año a año” y María José Abud, directora ejecutiva de Horizontal y ex integrante de la comisión asesora para el gasto público, acota que Chile cuenta con un sistema de evaluación pionero en la región. “Ser capaces de evaluar todos los años de manera sistemática y con una metodología súper clara, es algo muy valioso”, añade.

Las piedras de tope en las evaluaciones: solo un dato más

Pese a contar con sistemas de evaluación, el paso siguiente suele encontrar obstáculos. “El gran tema es que estas evaluaciones no son vinculantes para el futuro ni para el presupuesto de los programas. Si bien en la discusión presupuestaria de todos los años se toma en consideración la ficha de evaluación, es solo un dato más; no es algo vinculante ni que guíe obligatoriamente la discusión“, sostiene María José Abud.

“Las evaluaciones de impacto terminan siendo ejercicios metodológicos muy complejos: se contratan consultores especializados, se entregan sendos informes con análisis estadísticos sofisticados y todo queda ahí. Me parece un problema estructural de funcionamiento. El programa de bosque nativo es un buen ejemplo: no se puede eliminar porque lo exige una ley, por lo que debe ser rediseñado, aunque no queda claro cómo continúa ese proceso tras la evaluación”, complementa.

“Dentro de la forma en que evaluamos no existe un único parámetro o indicador que permita decir fácilmente: «este programa realmente no debería continuar como está». El sistema toma distintas variables: mide si se está llegando a la población que se busca atender, si se están cumpliendo los objetivos propuestos, y así sucesivamente. Por eso, si un indicador sale mal —por ejemplo, de cobertura—, pero el programa está cumpliendo una gran labor en su objetivo, la decisión no es tan binaria ni en blanco y negro como para decir que el programa deba cerrarse”, explica Abud.

También hay otros factores que dificultan la decisión de cerrar un programa. Abud explica que algunos son políticamente complejos de suspender. Por ejemplo, aquellos programas municipales con alto gasto administrativo y una población beneficiaria reducida. “Un programa para adultos mayores en una comuna rural de bajos recursos en el sur, aunque esté mal evaluado, es políticamente muy difícil de eliminar. Es una realidad que han enfrentado todos los gobiernos. En la discusión parlamentaria ocurre lo mismo: cada congresista defiende su distrito, su zona e intereses“, cuenta.

“Por otro lado, muchos programas pueden estar mal evaluados, pero cumplen una función indispensable que no realiza ningún otro. La Junaeb es el clásico ejemplo: se puede reconocer que tiene problemas y que hay que mejorar aspectos como la entrega de las becas, pero pretender cerrarla como país no es una alternativa viable, pues no se puede dejar sin alimentación a millones de niños”, añade.

Estas dificultades, no obstante, no significan que sea imposible cerrar programas. Algunos de ellos, como sucedió con el programa de Educación Superior Regional el año pasado, pueden eliminarse después de la discusión en el Parlamento o ver disminuidos sus recursos. “Algunos sufren una rebaja presupuestaria de entre el 5% y el 10%. Es un castigo inicial, pero insuficiente”, acota Cristi. El Ejecutivo también ha optado por fusionar algunos. Este año fusionó 25 de ellos en solo nueve iniciativas, con el fin de mejorar la eficiencia de los recursos.

“Fusionar es una buena salida siempre y cuando generen sinergias con sentido. Cuando existen programas con el mismo objeto, dirigidos a la misma población y con componentes complementarios, la fusión sí tiene sentido y ayuda. Un ejemplo es el caso del Servicio Nacional de la Mujer, donde lo lógico sería que terminen fusionados ciertas áreas o programas al atender a la misma población objetivo. Es una forma de ir resolviendo ese costo político, aunque no implica que debamos fusionar todo lo mal evaluado solo para eludir el conflicto”, reflexiona María José Abud.

¿Y ahora qué?

Los entrevistados coinciden en que una vía para abordar este elefante blanco en la habitación es una de las recomendaciones que entregó la comisión de la que Abud formó parte: una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, hoy bajo segundo trámite constitucional en el Senado.

“Quedó en el discurso”, resume Arriagada. “Aunque no existe una bala de plata que lo resuelva todo, contar con una institucionalidad dedicada exclusivamente a ello, con personal experto, recursos adecuados y orientada a inculcar la práctica de la evaluación, sería un gran paso. Sin embargo, en Chile aún estamos a años luz de eso. Valdría la pena mirar modelos como los del Reino Unido o Estados Unidos, que tienen institucionalidades sólidas dedicadas exclusivamente a la evaluación”, puntualiza.

Para Abud, “quedarse solo en la primera capa de «hay que eliminar todos los programas mal evaluados» me parece un análisis erróneo e equivocado de cómo funciona la política social. Falta un ente autónomo e independiente de los gobiernos de turno que haga una revisión integral: evaluar si existen sustitutos, si hay espacio para fusiones con otros programas o para la creación de una nueva iniciativa que recoja lo mejor de las existentes”.

“Ese análisis existe, pero no es vinculante ni determina las decisiones actuales. Ahora bien, para ser justa, en los últimos años se ha avanzado en esta materia y me parece injusto señalar que este gobierno solo busca cerrar programas, cuando en la administración anterior también se cerró un número importante. Esto debiera entenderse con más fuerza como una política de Estado”, asevera.

A ojos, de Cristi, si bien las negociaciones entre el Congreso y el Ejecutivo al respecto, “lo que no está sujeto a negociación es la obligación del Ejecutivo de gastar bien. Ahí entra el rol de la Agencia: que tenga el prestigio y el peso institucional para señalarle al Congreso, por ejemplo, que determinado programa de alimentación escolar muestra malos resultados y explicar las razones. La pregunta inmediata es si se puede lograr lo mismo con menos recursos, y la respuesta es afirmativa”.