Christopher White, alcalde de San Bernardo, explicó las razones de la orden de arresto emitida en su contra por el Juzgado de Letras, en el marco de la demanda laboral presentada por ex trabajadores de una empresa de seguridad que prestaba servicios a la municipalidad.
Según el tribunal, cinco personas que se desempeñaron como guardias en la empresa demandan el pago de $107 millones, a lo que se suman otras 27 demandas laborales, por un total de $ 3.000 millones en sueldos y cotizaciones impagas.
Ante esto, el alcalde de San Bernardo declaró que en 2022, “la Municipalidad de San Bernardo puso término anticipado al contrato que tenía con la empresa MIVA, que prestaba servicios de seguridad, específicamente guardias, por un incumplimiento con sus obligaciones laborales”.
White detalló que el municipio se hizo cargo del pago de sueldos e imposiciones de los trabajadores, mientras se contrataba una nueva empresa.
“Luego de esto, los trabajadores han presentado demandas en los tribunales, por deudas en sus imposiciones que no han sido pagadas por la empresa, siendo demandada la ilustre Municipalidad como deudor solidario”, agregó.
El jefe comunal precisó que “en la medida que las demandas y sus sentencias han sido notificadas, se han pagado oportunamente cada una de ellas”.
El alcalde de San Bernardo apuntó que, si bien aún no es notificado por la orden de arresto en su contra, “ya instruí la elaboración del decreto con el número 2916 que mandata el pago que establece el Tribunal. Además, instruiré un sumario administrativo para buscar eventuales responsabilidades administrativas. Para este alcalde es relevante cumplir con las obligaciones legales laborales para el resguardo de los derechos de las y los trabajadores”.
