
Fue una semana inusualmente compleja para Constanza Martínez. La presidenta del Frente Amplio (FA) debió enfrentar su primera crisis —como identifican en el partido al Caso ProCultura— luego de que se filtraran datos de la investigación que lleva adelante el fiscal Patricio Cooper contra la fundación creada por Alberto Larraín, psiquiatra vinculado a varias figuras del frenteamplismo, incluyendo al presidente Gabriel Boric.
Y es que algunos de los antecedentes provenientes de la carpeta investigativa apuntaban directamente a rostros del FA. Sin ir más lejos, se dio a conocer una conversación telefónica que data de noviembre de 2024 entre Boric y Josefina Huneeus, ex esposa de Larraín.
En la conversación- que fue recogida por la fiscalía a través de una interceptación de las comunicaciones de Huneeus- se lee al mandatario consultando detalles del caso, hablando de Larraín y explicando la situación de su ex pareja, Irina Karamanos, quien pasó de estar imputada en la causa a ser calificada simplemente como testigo.
También fue mencionado el diputado y ex presidente del FA, Diego Ibáñez, quien compartía un grupo de Whatsapp con Larraín en el que se hablaba sobre el financiamiento del partido.
Pero lo más complejo para el FA fueron los antecedentes que indican que Larraín habría financiado irregularmente campañas vinculadas al partido. De hecho, una de las razones que arguyó Cooper para intentar —infructuosamente— “pinchar” el teléfono de Boric era que el fundador de ProCultura supuestamente habría financiado la campaña presidencial de éste.
Con todos esos elementos sobre la mesa, los ojos inevitablemente se posicionaron en el partido del presidente y su discurso anticorrupción con el que llegaron al poder en 2021.
Pero la respuesta de Martínez y la directiva frenteamplista dio paso a una profundización de la crisis y cuestionamientos internos debido al manejo de la situación.
Espionaje político: el boomerang que golpeó al Frente Amplio
En una declaración emitida el sábado 10 de mayo, la directiva del FA acusó como “espionaje” de carácter “político” la intervención al teléfono de Josefina Huneeus.
“La magnitud de las interceptaciones —más de 42 teléfonos intervenidos, incluidas conversaciones de 2022 pinchadas a fines de 2024— no responde a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos”, decía la declaración.
El tono de la declaración generó incomodidad y molestia casi de inmediato en el partido. Incluso, el abanderado presidencial del FA, Gonzalo Winter, se vio obligado a desentenderse de los términos empleados por su partido al constatar lo complejo que significaba endosar un calificativo de ese calibre a la fiscalía en medio de la campaña presidencial.
De hecho, ese fue el enredo con el término “espionaje político”. Según Martínez, el concepto hacía alusión a una evaluación “política”, pero en la interna —al consultarse con varios abogados del sector— se llegó a la conclusión de que el término constituía un delito estipulado por ley.
Ante ese escenario, a Winter no le quedó otro camino que desmarcarse de la directiva de su partido.
“Sí, me parece mal”, dijo Winter en Tolerancia Cero sobre la declaración y reafirmó el punto señalando: “Me distancio de la declaración del Frente Amplio”.
En la bancada parlamentaria también fue tema. De hecho, en la reunión de diputados de este lunes se conversó sobre la posición a adoptar para no dejar caer a Martínez, pero tampoco seguir una línea discursiva que fue vista como “errada”. Así las cosas, la conclusión fue que no se podía apoyar la acusación de la directiva, “pero sí el fondo” que tenía que ver con los cuestionamientos a las filtraciones.
“Yo no soy vocera de la bancada, pero a título personal me parece desafortunado hablar de espionaje, menos de espionaje político. No cuento con ningún antecedente para señalarlo”, dijo a EL DÍNAMO la diputada Javiera Morales (FA).
Una línea similar ocupó su par de bancada Jorge Brito: “Hablar de espionaje es muy grave, por eso nosotros consideramos que a medida que no hay pruebas para poder acreditarlo, yo en lo personal no hablo de espionaje, sí hablo de una utilización política de filtraciones ilegales”.
Pero a pesar de las críticas internas, Constanza Martínez insistió en el punto y evitó echar pie atrás en sus declaraciones en las sucesivas entrevistas que dio en la semana.
Esto provocó la molestia del resto del oficialismo, que vio en la “terquedad” de Martínez una polémica innecesaria, ya que el mismo presidente Boric fijó la línea discursiva con la cual enfrentar la crisis provocada por ProCultura -“que se investigue lo que se tenga que investigar”- y que se llegue a las últimas consecuencias “caiga quien caiga” independientemente del sector.
“Que estemos los actores políticos haciendo especulaciones o suposiciones no es ningún aporte a la respuesta que los ciudadanos quieren. Lo que tenemos que hacer es no interferir y apoyar para que la justicia de manera autónoma haga las investigaciones y, ojalá, den resultado rápido”, emplazó la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá.
La tesis también fue desestimada por los ministros Jaime Gajardo (Justicia) y Luis Correo (Seguridad).
“Para nosotros es algo serio, que se cuestione al Ministerio Público o que se cuestione a los tribunales de justicia, para nosotros es algo que no corresponde”, dijo Gajardo, mientras que Cordero apuntó a que “si hubiera espionaje, es altamente probable que yo no solo me hubiera querellado, sino que probablemente además hubiese tomado una decisión más drástica”.
El error no forzado con la DC
Como si la tesis del espionaje político no fuese suficiente, Martínez encadenó un segundo error no forzado en la semana en su intento de desprenderse de ProCultura. La timonel FA apuntó a la militancia que tuvo Alberto Larraín en la Democracia Cristiana (DC) y los vínculos con personeros de ese mundo.
“El Caso ProCultura no es un caso del Frente Amplio, es una fundación con vinculaciones personales con algunos miembros del Frente Amplio, pero donde los aumentos de monto fueron provocados por gobiernos regionales de las regiones Metropolitana y del Biobío, ambos ex militantes de la DC. La única militancia que se le conoce a Alberto Larraín es de la Democracia Cristiana”, sostuvo la líder frenteamplista en conversación con T13 Radio.
El dardo de Martínez a la DC se dio justo en un momento en que en la relación entre ambos partidos se juegan bastantes cosas.
La bancada parlamentaria falangista no sólo podría hacer caer al delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán (FA), quien enfrenta una acusación constitucional a propósito de la muerte de dos hinchas a las afueras del Estadio Monumental en el pasado mes de abril. Sino que también los partidos hoy negocian la confección de las listas parlamentarias y el deseo del FA —a solicitud de Boric— es lograr una lista única con la DC incluida.
Alberto Undurraga, presidente de la DC, fue claro en señalar que los dichos de Martínez fueron tomados como una agresión y, por lo mismo, exigió disculpas públicas.
Según dicen fuentes del entorno del presidente DC, se estuvo coordinando una disculpa pública con el secretario general de la colectividad, Andrés Couble, gestión que finalmente no llegó a buen puerto. De hecho, Couble desestimó que el FA vaya a hacer un gesto en público.
Por lo mismo, Undurraga no ha contestado hasta el día de hoy el mensaje que Martínez le envió el miércoles de esta semana en el que buscó aclarar la situación.
La percepción de la militancia, nuevamente, fue que Martínez erró en su intención de querer centrar la atención en la DC, puesto que Larraín dejó dicho partido en 2018 por lo que no tenía mucho sentido centrar ahí las críticas.
El jefe de bancada del FA, Jaime Sáez, debió salir a hacer control de daños en el contexto de la negociación entre ambas bancadas para que la DC no concurra con sus votos a la acusación constitucional contra Durán.
“Nosotros siempre hemos sostenido que todo lo que involucra ProCultura no es un caso del Frente Amplio, tampoco es un caso de la Democracia Cristiana ni de ningún partido. Aquí hay personas individuales con nombre y apellido que han estado vinculadas, y son esas personas las que tienen que dar explicaciones”, sostuvo Sáez.
Ante esta controversia, Constanza Martínez finalmente terminó pidiendo disculpas públicas a la Democracia Cristiana, declarando que “ante la polémica generada en los últimos días, queremos reiterar que en ningún caso señalamos que exista algún vínculo institucional entre la DC y los casos investigados”.
“Extendemos nuestras disculpas al PDC si se vio afectado por este mal entendido”, sentenció la timonel del Frente Amplio.