Dorothy Pérez, contralora general de la República, autorizó un contrato vía trato directo por $28 millones para blindar su vehículo institucional.
Según consignó 24 Horas, la justificación para que se permita a Pérez poder acceder a un automóvil de dichas características es su perfil como autoridad.
Esto, dado las “funciones de fiscalización” de los recursos pública que concreta como contralora, además de “impacto e influencia que los productos emanados de la institución ejercen en la opinión pública y en el funcionamiento de la Administración del Estado”.
Es por esto que en Dorothy Pérez se reconocen “situaciones de riesgo a las que pueden verse expuestas sus autoridades (…) debido al reconocimiento y exposición a nivel nacional e internacional”.
Desde Contraloría explicaron a Informe Especial que “la adquisición del servicio de blindaje surgió luego de la recepción de diversas comunicaciones consideradas de mayor riesgo”, a lo que se sumaron análisis de la PDI y el Ministerio Público, los que incluso instaron a una “mejora de las dependencias”.
Ante esto, Contraloría eligió por trato directo a Raptor SPA, apuntando que en Mercado Público no existían proveedores similares.
“Por no requerirse en este caso un mínimo de tres cotizaciones previas, se procedió a solicitar una cotización en forma directa al proveedor (…) la que ha resultado ser conveniente para los intereses de esta entidad”, detalla la resolución correspondiente.
Esto consideró el “blindaje balístico, cuyos estándares fueron indicados según la experiencia y análisis de la entidad policial en la materia”, dejando en claro que no existe “la obligatoriedad de escoger el menor precio, sino que aquel que en su conjunto otorgue las mejores condiciones según el servicio requerido”.
Ya en 2025 se aumentaron las medidas de seguridad para Dorothy Pérez, lo que incluye un guardaespaldas y mejoras en el ingreso al edificio institucional de de Teatinos 56.
A esto se sumó la compra de una suv Toyota 4Runner de alto estándar por $48 millones, lo cual supera incluso a las medidas de seguridad implementadas para los miembros del Poder Judicial.
