La diputada Irací Hassler (PC) presentó una demanda en contra del fisco y la Contraloría General de la República para conseguir que se anule el sumario administrativo que la sindicó como responsable de la fallida compra de la clínica Sierra Bella, cuando era alcaldesa de Santiago.
Según consignó la acción judicial compartida por La Tercera, la parlamentaria apunta que los argumentos de la resolución de Contraloría, que no determinó sanciones en su contra, “son contrarios al ordenamiento jurídico y adolecen de graves vicios de ilegalidad que justifican declarar su nulidad”.
El sumario precisó que “con su actuar, la señora Hassler infringió el principio de probidad administrativa, al suscribir el decreto alcaldicio N°810, de 20 de enero de 2023, autorizando la adquisición por parte de dicho municipio de los inmuebles ubicados en esta ciudad, calle Sierra Bella N°1.181, y Ventura Lavalle N°431, por un monto de $8.248.886.210, en circunstancias que la vendedora los había adquirido con una antelación de seis meses aproximadamente en tan solo $2.231.855.090, sin haber adoptado acciones o medidas suficientes conducentes a justificar dicha diferencia excesiva, y sin que dicho acto administrativo hubiese sido sometido al previo y obligatorio control de legalidad y visado por parte de la Dirección de Control del ente municipal”.
Esto, mientras a la ex alcaldesa de Santiago se le formularon cargos por haber infringido el principio de probidad administrativa, al no velar por el adecuado uso de los recursos municipales; la suscripción del decreto para concretar la adquisición sin contar con el visado de la Dirección de Control de la Municipalidad; y haber mandatado al abogado Pablo Casanueva para concretar la comprar, a pesar de ser un asesor externo.
En su presentación, la diputada Irací Hassler planteó que el organismo dirigido por Dorothy Pérez cometió vicios jurídicos en su decisión, además de haber excedido sus atribuciones, al establecer responsabilidades en un caso con sede penal.
Junto con ello, reiteró que se concretaron tres tasaciones comerciales independientes, junto con la entrega de todos los antecedentes vinculados al avalúo fiscal y al estudio de títulos, por lo que apuntó que Contraloría transformó una diferencia de precios en una responsabilidad personal, a pesar de no lograr acreditar un incumplimiento un deber jurídico específico.
Hassler dejó en claro que no se demostró perjuicio patrimonial efectivo para la municipalidad de Santiago por la fallida compraventa, ya que no hubo transferencia de recursos, además de precisar que no existe una norma que instruya cómo ejecutar una contraventa en caso que no se pueda contar con un abogado externo.
