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30 de Diciembre de 2020

Los remezones políticos del 2020 y los temas que marcarán la agenda el 2021

Condenas por cohecho a ex parlamentarios, diversos cambios de gabinete y un debate político que se trasladó de lleno a los pasillos del Congreso fueron algunos de los hitos que deja este año marcado por la pandemia.

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hitos políticos 2020 proyectos 2021 Frontis de La Moneda. Fuente: Agencia Uno.
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El 2020 quedará registrado para siempre como el año en que el COVID-19 se expandió por el mundo con los fatales efectos que eso implicó en la vida, economía y salud de las personas. Pero también, en nuestro país, por marcar varios temas que se convirtieron en hitos políticos, dejando además proyectos de ley pendientes para el 2021.

Sobre todo porque este año la arena política nacional resultó remecida por fallos judiciales, proyectos de ley polémicos en plena pandemia, el plebiscito del 25 de octubre con el triunfo del Apruebo, los detalles de cómo se elegirá la Convención Constitucional y la baja aprobación del Presidente Sebastián Piñera que terminó en un 17%, según la última encuesta Cadem.

Los hitos políticos del 2020

Retiros del 10% de las AFP

Uno de los hitos políticos del 2020 fue la tramitación del primer y segundo retiro del 10% que impulsaron parlamentarios de oposición a través de reformas transitorias a la Constitución. Más allá de que el Gobierno finalmente ingresó una iniciativa de características similares, La Moneda anotó un duro golpe a la izquierda al enviar el segundo retiro al Tribunal Constitucional (TC).

La entidad, tras una votación dividida que debió dirimir la presidenta del TC, María Luisa Brahm, determinó que efectivamente el segundo retiro de la oposición es inconstitucional, al utilizar reformas constitucionales para modificar el derecho a la seguridad social, consagrado en nuestra actual Carta Magna.

Pese a que recién este miércoles 30 de diciembre el TC entregará los argumentos completos de su veredicto, desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aplaudió la decisión y dijo que será fundamental para establecer “el respeto a los límites de los poderes del Estado”, ya que a su juicio “actualmente existen otras iniciativas con el mismo modus operandi que debilitan nuestra institucionalidad”.

Desde la oposición, sin embargo, comenzó a moverse la idea de la tramitación de un eventual tercer retiro de los fondos de las AFP, proyecto de ley que fue ingresado por el asesor y pareja de la diputada Pamela Jiles (PH), Pablo Maltés. El proyecto, que debería materializarse en marzo del próximo año en caso de ser aprobado, no encontró apoyo inicial en los principales partidos de oposición ni en Chile Vamos.

Caso Corpesca: ex parlamentarios condenados por cohecho

El 2020 también estuvo marcado con un fallo inédito del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, donde por primera vez se condenó a dos ex parlamentarios por los delitos de cohecho y fraude al fisco, tras estar vinculados al financiamiento irregular de empresas privadas a las campañas electorales.

Se trata de los ex militantes de la UDI, Marta Isasi y Jaime Orpis, quienes entre 2009 y 2013 enviaron boletas falsas a nombre de testaferros al ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica.

La ex diputada, según explicó la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, arriesga una pena de 818 días de presidio menor en su grado medio. Mientras que el ex senador, una pena de hasta 11 años de cárcel.

El fallo además sirvió como antesala de lo que deberá resolver la justicia después del 15 de febrero del 2021 cuando se inicie el juicio oral por el caso SQM, donde están como imputados el ex candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, y el ex senador y ministro del primer Gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Longueira, entre otros.

Ambos mantienen suspendidos sus derechos a sufragar por parte del Servicio Electoral a la espera de que la justicia los absuelva o condene, marcando uno de los hitos de la política chilena durante 2020.

Acusaciones constitucionales: todas rechazadas

La pandemia del COVID-19 y las consecuencias del estallido social también generaron que durante 2020 fueran acusados constitucionalmente por la Cámara Baja tres autoridades de Gobierno.

La primera acusación constitucional ocurrió en enero de este año contra el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, a quien se le cuestionó por la estrategia desarrollada por parte de Carabineros para restablecer el orden público tras el estallido social del 18 de octubre. Finalmente, el Senado rechazó el libelo acusatorio ingresado en la Cámara de Diputados.

Luego vino el turno del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien, según acusaron en la oposición, habría entregado cifras erróneas respecto a la realidad del coronavirus en nuestro país. Esta acusación ingresada en septiembre no alcanzó a prosperar y fue rechazada gracias a las abstenciones de diputados del PPD, DC y el PS.

También debió enfrentar una acusación constitucional en octubre del 2020 el ex ministro del Interior, Víctor Pérez, luego de haber aplicado, según sus acusadores, “mano blanda” al paro de camioneros desarrollado en agosto y tras la caída de un menor de edad al Río Mapocho durante un operativo policial.

Si bien Pérez renunció a su puesto cuando la acusación aún debía ser debatida en el Senado, finalmente la Cámara Alta la desechó.

Cambios y enroques de gabinete

El Gobierno realizó durante este año tres cambios de gabinete. El primero ocurrió en junio -en plena crisis sanitaria por el COVID-19- donde se modificaron las carteras de Vivienda, Secretaría General de la Presidencia y Desarrollo Social. En ese momento, y a pesar de los cuestionamientos, el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, se mantuvo a la cabeza de la estrategia sanitaria. Sólo dejaría el gabinete una semana después.

Más tarde, a fines de julio, se produjo el quinto y más profundo cambio de gabinete del segundo Gobierno de Sebastián Piñera con alteraciones en Interior, Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno, Relaciones Exteriores, Defensa y Desarrollo Social.

La última modificación se hizo el 18 de diciembre para concretar la salida de Mario Desbordes del Ministerio de Defensa, quien fue reemplazado por Baldo Prokurica, y entregar Energía y Minería a Juan Carlos Jobet.

Triunfo del Apruebo

El 2020 también será recordado como el año donde nuestro país realizó el plebiscito de entrada para tener una nueva Constitución, lo que quedará registrado como uno de los hitos políticos más relevantes de nuestra historia.

Comicios que estuvieron marcados no sólo por el contundente triunfo del Apruebo, que se impuso con un 78% frente al Rechazo, sino que además, por la victoria de la Convención Constitucional que superó a la Convención Mixta con un 79% de los sufragios.

Además, debido al crecimiento demográfico e interés ciudadano por la elección, quedará registrada como la votación con mayor número de electores en nuestro país desde el retorno a la democracia, con más de 7,5 millones de participantes.

En 2021 llegará la hora de elegir a los integrantes de la Convención Constitucional, en las elecciones del 11 de abril. Los nombres de los candidatos se darán a conocer a partir del 11 de enero.

Celebración del triunfo del Apruebo en Plaza Italia. Fuente: Agencia Uno.

Los proyectos de ley pendientes para el 2021

Pese a que durante el 2020 algunos proyectos de ley terminaron su tramitación, como las modificaciones a la Carta Magna para designar escaños reservados a pueblos indígenas en la Convención Constitucional, otras iniciativas de más largo plazo siguen congeladas en el Congreso.

Por ello, se espera que proyectos como el de Control de Armas, Reforma a Carabineros, una nueva Ley de Inteligencia del Estado, la reforma a las AFP y el indulto a los detenidos de la “primera línea”, entre otros, retomen su debate este 2021 tras el receso de verano que tendrá el Congreso.

Control de Armas y Crimen organizado

Uno de los proyectos que deberá retomar su discusión en 2021 es la Ley de Control de Armas que ingresó a la Cámara de Diputados en 2017. En la actualidad, se encuentra en su segundo trámite legislativo en la Comisión de Defensa del Senado.

Pese a que desde La Moneda explicaron que pusieron suma urgencia para retomar la tramitación, el senador y presidente de la Comisión de Defensa, Pedro Araya (IND), insistió en que el Gobierno “aún no nos hace llegar una serie de indicaciones que comprometió”, relativas a cómo se realizará el rastreo de armas usadas por el crimen organizado.

La iniciativa volvió a hacer eco en los medios de comunicación luego que durante la previa de la Navidad se registraron dos balaceras en la comuna de Maipú, entre otros delitos relacionados con el porte de armas de fuego en la Región Metropolitana.

Por su parte, el presidente Sebastián Piñera firmó un proyecto de ley que busca combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, entre otros delitos, estableciendo un aumento de las penas por integrar bandas que comentan estos ilícitos.

Reforma a Carabineros

Otro de los proyectos que continuará su tramitación durante el 2021 es el que busca modernizar y fortalecer la probidad de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y procesamiento judicial por delitos tributarios de oficiales del Ejército y Carabineros también marcó un hito que tuvo consecuencias políticas durante 2020.

La iniciativa fue ingresada a través de un mensaje presidencial en 2018 y en la actualidad sólo le falta completar el tercer trámite en el Senado, luego de ser aprobada con nuevas indicaciones en la Cámara de Diputados.

La medida busca crear un “sistema de supervisión y evaluación de la gestión policial” que estará a cargo del Ministerio del Interior y que velará por el cumplimiento de materias como los derechos humanos y la probidad en la institución.

Nueva Ley de Inteligencia

También permanece congelada en el Congreso la nueva Ley de Inteligencia, que también ingresó en 2018 al Senado a través de un mensaje presidencial y debería retomar su discusión junto a otros proyectos este 2021.

La idea central de la normativa, de acuerdo al texto ingresado en el Congreso, es “integrar al Sistema de Inteligencia la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio de Impuestos Internos“, para que “estén afectos a todas las obligaciones y deberes previstos en esta ley, principalmente aquellas relativas a la entrega y reserva de la información, que pueda surgir del ámbito de su competencia legal”.

Desde enero del 2020 se mantiene sin avances esta normativa en las comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde deberá enfrentar su segundo trámite legislativo.

Según aseguraron algunos miembros de la oposición, la normativa no ha sido aprobada porque extendería el concepto de “contrainteligencia” en contra de los ciudadanos chilenos, pese a que actualmente sólo se aplica ante “enemigos extranjeros”.

Reforma previsional

Después de aprobar el primer retiro de la oposición y el segundo del Gobierno, en el Congreso comenzaron a agilizar la tramitación de una reforma al sistema previsional ingresada en 2018 al Congreso.

En detalle, y tras completar su primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, la iniciativa es revisada por la Comisión de Trabajo del Senado sin mayores avances hasta el momento.

El debate, según consta en la última sesión celebrada el 14 de diciembre en la Comisión de Trabajo, está centrado en qué cambios se generarán en la industria de las AFP.

La idea de la oposición, que dio a conocer el presidente de la instancia Juan Pablo Letelier (PS), es contar con un nuevo ente público, llamado Consejo de Ahorro Colectivo Solidario, el cual estará encargado de administrar las pensiones, recaudar cotizaciones y registrar a los nuevos afiliados.

Indulto a detenidos del 18 de octubre

Por último, el Congreso deberá continuar con la tramitación de otro de los proyectos más emblemáticos del año que termina.

Se trata del del presentado por los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC) y Alejandro Navarro (PRO) para indultar a los condenados e imputados por delitos relacionados a las manifestaciones del 18 de octubre del 2019, estallido social cuyas consecuencias también marcaron un hito político durante 2020.

La iniciativa recién comenzó su tramitación el 22 de diciembre en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Además deberá pasar por las de Constitución y de Seguridad Pública.

Sin embargo, hasta el momento, ha recibido las críticas del Gobierno y de parlamentarios de Chile Vamos, lo que harían compleja su aprobación en la Cámara Alta.

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