Fernando Rabat, ministro de Justicia, está en el centro de la polémica, que lo tiene incluso con una acusación constitucional a la vista, por conceder administrativamente rebajas de penas a violadores y abusadores de niños.
Pero este escenario fue advertido a Rabat en al menos tres oportunidades, incluyendo en su momento a su antecesor en el cargo, Jaime Gajardo.
Según consignó T13, la reunión de traspaso de mando, realizada el pasado 2 de febrero, fue el escenario elegido por Gajardo para dar cuenta al actuar titular de Justicia que existían una serie de requerimientos de rebaja de penas que involucraba a violadores de niños.
Ante esto, el ex ministro de Justicia le explicó que el criterio del gobierno de Gabriel Boric era rechazarlos y si los involucrados recurrían a la Corte Suprema, litigar para defender su postura y si el Poder Judicial daba curso al beneficio, se firmaba el correspondiente decreto.
“Al revisar la sentencia se deberá tener especial consideración de los hechos que motivaron la acusación, la audiencia de determinación de penas y de la condena, con la finalidad de analizar la edad de la víctima”, detalla uno de los documentos vistos ese día.
Las otras alarmas no escuchadas por Rabat
Pero el “consejo” de Jaime Gajardo de no entregar beneficios a pederastas no fue el único que recibió Fernando Rabat, ya que a fines de marzo pidió a su equipo analizar la rebaja de penas para este tipo de condenados y a violadores de derechos humanos.
En dicho encuentro, sus asesores le hicieron ver que debía ser la Corte Suprema la que debía resolver en última instancia, pero también se instó a “ponderar el aumento de los recursos versus el costo de conceder beneficios a agresores sexuales”.
En abril, Fernando Rabat fue alertado nuevamente sobre esta situación, siendo instado a generar un criterio para fundamentar el rechazo de rebajas para abusadores y violadores de niños y de paso considerar los costos políticos de entregar el beneficio. Pero otra vez el secretario de Estado hizo oídos sordos.
Finalmente, en mayo pasado, un funcionario con más de 15 años de carrera en el Ministerio de Justicia advirtió al titular de la cartera de “no entrar en ese problema de conceder los beneficios”, pero la respuesta de Rabat fue negativa.
Ahora, una nueva preocupación que existe en el Ministerio de Justicia es el costo de la defensa del ministro en caso de que se concrete la acusación constitucional en su contra, ya que tendrá que pagar cerca de $17 millones por su abogado.
