Chequeo: los datos verdaderos, imprecisos y falsos de la entrevista de Piñera a CNN
El mandatario ha sido criticado por sus dichos en la conversación que tuvo con la cadena de noticias internacional, ya que no todos los datos entregados por el Presidente son correctos.
Por María Gabriela Salinas
La entrevista al Presidente Sebastián Piñera a Andrés Oppenheimer en CNN en Español ha generado diversas críticas respecto a la veracidad de la información entregada por el mandatario. Esto luego de que el jefe de Estado asegurara que muchos de los videos en los que se exponían violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estallido social eran falsos y que fueron filmados en el extranjero.
Sin embargo, la vocera Karla Rubilar salió a defender al Presidente por la entrevista realizada el pasado 11 de diciembre, asegurando que él “reconoce los abusos, los excesos y las vulneraciones en materia de derechos humanos”.
“En la entrevista que dio el Presidente Piñera y que fue emitida el 15 de diciembre, él comenta respecto a lo que son las fake news, que son algunas noticias que aparecieron, como noticia durante estos sesenta y tantos días y que eran noticias de otros tiempos, de otros sucesos, y algunos videos y noticias que no eran en Chile”, explicó Rubilar.
EL DÍNAMO revisó por completo la entrevista, realizando un chequeo de las informaciones entregadas por el Presidente en la conversación con CNN en Español.
Estallido social
“Hemos debido enfrentar una ola de violencia criminal, que no ha respetado a nada y a nadie, que ha costado muchas vidas, que ha destruido hospitales y supermercados”
ENGAÑOSO
Al 22 de noviembre de 2019, la Fiscalía mantenía abiertas investigaciones por 23 muertes ocurridas durante el estallido social. De ellas, 19 casos son “muertes en diversas circunstancias”; otros dos corresponden a personas fallecidas bajo custodia del Estado; y cinco indagatorias son por personas muertas por “acción de agentes del Estado”.
Si bien se han producido diversos incendios y saqueos a supermercados, la información es más difusa en el caso de los hospitales. Durante los primeros días del estallido social, a través de WhatsApp circuló un video de una supuesta turba ingresando al Hospital Sótero Del Río.
Sin embargo, el mismo el director del establecimiento, Gonzalo Menchaca, indicó que “no se produjo ningún daño a las instalaciones o equipamiento” y que los desmanes se habrían producido fuera del recinto.
El 9 de noviembre, mientras ocurrían protestas en Viña del Mar, funcionarios denunciaron que Carabineros lanzaron bombas lacrimógenas al interior del Hospital Gustavo Fricke.
En respuesta, la institución uniformada inició un sumario e indicó que “los dispositivos policiales que se encontraban en el exterior debieron hacer uso de elementos disuasivos que, por efecto de rebote, cayeron al interior del recinto hasta donde ingresó carabineros para detener a cuatro individuos que alteraban el normal funcionamiento del recinto hospitalario”.
El 22 de noviembre, en cambio, el Hospital San Pablo de Coquimbo resultó con pérdidas millonarias luego que un grupo de encapuchados atacó el Centro de Especialidades Médicas y Abastecimiento del recinto hospitalario. Además, las oficinas de Atención Dental, Infectología y Finanzas fue saqueado. El resto del recinto no sufrió daños.
“Han habido participación de Gobiernos e instituciones extranjeras”
ENGAÑOSO
El Presidente Sebastián Piñera ha indicado en múltiples ocasiones que existe intervención extranjera en el estallido social.
“Todos los antecedentes que hemos reunido de nuestras agencias de inteligencia se están procesando, algunos de ellos se están entregando a la Fiscalía. Pero por prudencia voy a esperar los resultados, como Presidente he recibido mucha información”, dijo el pasado 16 de diciembre en la entrevista de la Archi.
Anteriormente había expresado a Financial Times que “hay mucha evidencia de que detrás de esta situación hay fuerzas que antes no operaban, o que no sabíamos que operaban, en Chile”.
Esta información habría estado fundamentada, en parte, en información de Estados Unidos. A fines de octubre, Judd Deere, uno de los portavoces de la Casa Blanca, aseguró a la Agencia EFE que “el Presidente Donald Trump denunció los esfuerzos extranjeros para socavar las instituciones, la democracia o la sociedad chilena”.
Sin embargo, el 11 de noviembre, el propio jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, dijo que desde el Ministerio Público no manejan información sobre la presunta intervención de gobierno extranjeros. “A mí directamente no me ha llegado nada, entiendo que al fiscal nacional tampoco”, indicó Guerra en conversación con Cooperativa.
Recién el 19 de diciembre, el Fiscal Nacional Jorge Abbott, dijo que se “nos ha entregado alguna información de fuentes abiertas, no de inteligencia”. Sobre la supuesta intervención extranjera, aclaró que “es un tema que desde hace un tiempo se ha venido conversando (con el Gobierno), de la existencia de antecedentes que se han levantado, desde la función que realizan los aparatos de inteligencia, que son fundamentales para el desarrollo de las investigaciones. Y que eso se nos hará llegar y utilizaremos esa información con el objeto de hacer avanzar las investigaciones”.
Sin embargo, nuevamente el fiscal Guerra aseguró recién el 25 de diciembre que “hasta el día de hoy nosotros no podemos afirmar la intervención de grupos organizados extranjeros en lo que fueron los atentados e incendio en la red del Metro”.
“Hemos hecho un estudio de millones de redes sociales”
ENGAÑOSO
El pasado domingo 22 de diciembre -10 días después de que Piñera diera la entrevista a CNN En Español- se dieron a conocer por la prensa detalles de un informe por el estallido social que supuestamente había elaborado el Ministerio del Interior y que, posteriormente, fue entregado a la Fiscalía.
Se trata de un análisis de 112 páginas, que resume el comportamiento de las redes sociales desde el 18 de octubre, el que contiene un análisis big data al comportamiento de casi cinco millones de autores únicos que han generado 60 millones de comentarios.
Sin embargo, si bien el Gobierno reconoció la existencia del informe, la Subsecretaría del Interior aclaró que “el informe no fue encargado ni realizado por el Gobierno de Chile, ni tampoco fue financiado con recursos públicos”.
“Este análisis que utiliza tecnología Big Data, fue puesto a disposición de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), entidad que tiene la obligación de velar por la reserva de sus fuentes de información. Dicha institución, como corresponde, puso en conocimiento del Gobierno el mencionado documento”, detalló el organismo.
Este jueves, en tanto, la vocera Karla Rubilar indicó “ese es un informe de análisis de redes sociales que llegó a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y que llegó a manos del Gobierno, y fue puesto a disposición de la Fiscalía como insumo para las investigaciones que ellos estaban realizando”.
“Otra cosa completamente diferente es la recopilación de información de inteligencia que realiza la ANI y los otros organismos de inteligencia del Estado, y que fueron compilados y entregados por el director de la ANI, Gustavo Jordán, al fiscal nacional”, dando a entender que hay un segundo informe del cuál no existen detalles.
“Ha habido poca capacidad de los medios de comunicación de verificar la verdad”
FALSO
Desde el inicio del estallido social, varios medios de comunicación como La Tercera, CNN Chile, Radio Bío Bío y EL DÍNAMO, entre otros, además de cuentas de Twitter como Mala Espina Check han implementado iniciativas que buscan desmentir y educar respecto a las noticias falsas o “fake news”.
“Había un caso de una persona muerta por la acción presuntamente de un miembro de nuestro Ejército. Ayer la Fiscalía determinó que no era así. Que aquello que fue profusamente difundido, el que había matado a un chileno no había sido el militar, sino que había sido una banda rival”
FALSO
Si bien la primera información sobre la muerte de José Uribe Antipani, ocurrida el pasado 21 de octubre en Curicó, se había adjudicado a un soldado, la información fue desmentida semanas después por la investigación de la Fiscalía.
En esa línea, no fue una banda rival la que habría matado al joven, sino que un civil quien, desde el interior de su camioneta y aprovechando el taco de vehículos causado por una barricada en la Ruta 5, disparó a un grupo de manifestantes.
Según el Ministerio Público, el autor identificado como Francisco Fuenzalida Calvo, ya estaba en prisión preventiva puesto que la misma noche había disparado a otro grupo de sujetos que se manifestaban en la Alameda de la ciudad.
“Hay más de 2.500 Carabineros heridos”
FALSO
Según cifras oficiales entregadas el 7 de diciembre por Carabineros, cuatro días antes de la entrevista, existían 2.421 funcionarios de Carabineros lesionados. De ellos, 65 resultaron heridos por impactos balísticos, 22 con traumas oculares, 49 por quemaduras, 85 con fracturas, 159 con lesiones graves y 210 del tipo menos graves.
Derechos Humanos
“Reaccionamos con protocolos muy exigentes para que se respetaran los Derechos Humanos. En algunos casos, no se respetaron esos protocolos y sé que hubo abusos de Derechos Humanos, pero son casos particulares”
ENGAÑOSO
Cuando se presentaron los nuevos protocolos de Carabineros sobre mantenimiento de orden público y uso de la fuerza en marzo de 2019, esto luego del acuerdo suscrito entre el Estado de Chile y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el INDH cuestionó que “la mayoría de los protocolos adolecen de falta de detalle dejando un amplio margen de interpretación por parte de quienes harán uso de dichos protocolos. Eso es un problema porque puede significar una aplicación arbitraria o con violaciones a los derechos humanos de parte del personal de Carabineros”.
El informe de Human Rights Watch establece que “Carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías. Esta práctica de desnudamientos se encuentra prohibida en los protocolos de Carabineros desde marzo de 2019 pero todavía ocurre y ocurría incluso antes de las manifestaciones”.
“Invitamos a la Alta Comisionada de DD.HH. la ONU y a Human Rights Watch para que vinieran a Chile”
VERDADERO
El 24 de octubre, el canciller Teodoro Ribera confirmó que el Presidente Sebastián Piñera llamaría a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que enviase personal de su organismo para que verifique la situación de Chile durante el estallido social, invitación que se materializó a fines de octubre. Esta invitación se hizo extensiva a otras ONGs de derechos humanos.
“Muchas de las noticias, de los videos relacionados con Derechos Humanos, no corresponden a la realidad”
FALSO
Si bien algunos videos de protestas en Colombia han sido informados como parte de los incidentes en Chile, el director del INDH, Sergio Micco, desmintió al Presidente Piñera, asegurando que “efectivamente hemos visto videos que son de otros momentos de nuestra historia nacional o extranjeros. Sin embargo, nuestra política es que si los videos no son confirmados por testimonios lo más fiables posible, no los tomamos en consideración. Pero yo diría que los videos que hemos visto son en su inmensa mayoría, esto no es cuantificable, verdaderos”.
Agenda Social
“Aumentamos en un 50% en las pensiones para del 1.600.000 chilenos con las pensiones más bajas”
IMPRECISO
A partir de diciembre se aplicó un aumento del 50% en la pensión básica solidaria, pero para los mayores de 80 años.
De acuerdo a datos de la Superintendencia de Pensiones, actualmente, el Pilar Solidario paga beneficios a más de 1.569.000 personas pertenecientes al 60% más pobre de la población. A octubre de 2019, los mayores de 80 años que recibían una Pensión Básica Solidaria eran 104.889 jubilados, mientras los que tenían un Aporte Previsional Solidario era de 227.517, lo que totaliza un poco más de 332 mil beneficiados.
Para el resto de los beneficiarios del sistema el aumento de la pensión se aplicará en forma escalonada para llegar al nuevo tope en 25 meses.
“Creamos un ingreso mínimo garantizado”
VERDADERO
El 10 de diciembre pasado, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general y particular el proyecto de ley que establece un Ingreso Mínimo Garantizado. El Ejecutivo propuso que el monto llegue a un total de $301 mil líquidos y no $289.800 establecidos en el proyecto que inicialmente se presentó en el Congreso.
De esta forma, se aumentará de 49 mil a 59.200 pesos el aporte que realizará el Estado al trabajador. Además, el Ingreso Mínimo Garantizado beneficiará a 188 mil nuevas personas, por lo que abarcará a un total de 688 mil trabajadores en el país.
“Estabilizamos precios de productos básicos como la luz, el agua, el transporte público y el precio de las carreteras”
IMPRECISO
El 24 de octubre, el mandatario anunció que firmó y envió al Congreso un proyecto que crea “un mecanismo de estabilización en el precio de la energía“. Tres días antes, había anunciado el congelamiento del alza de la tarifa del Metro, lo que fue aprobado por el Congreso en tiempo récord.
El 30 de octubre, el Gobierno anunció la eliminación del reajuste del 3,5% adicional en las tarifas de los peajes en las autopistas concesionadas. Sin embargo, sobre las tarifas del agua potable no ha habido anuncios.
Desigualdad de ingresos
“En 30 años, multiplicamos por cinco el ingreso per cápita”
VERDADERO
Según cifras del Banco Mundial, el PIB pér cápita en Chile era de US$2.200. En tanto, en 2019 esta cifra llegó a US$14.670, seis veces más que la cifra original.
“Redujimos la pobreza de un 60% a menos de 10%”.
IMPRECISO
Existen dos mediciones de la pobreza. En la antigua fórmula, la utilizada para la Encuesta Casen de 1990, la pobreza de ese año se totalizó en 38,6. En tanto, según datos disponibles en el Ministerio de Desarrollo Social, bajó a un 8,6% en 2017.
Sin embargo, existe una nueva forma de medir la pobreza utilizado por el PNUD, que establece que desde 1990, la pobreza se ha reducido de un 68% a un 11,7%.
“El indicador de Gini bajó de 0.54 a 0.46”
VERDADERO
El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad. El valor va entre 0 y 1 (0 y 100 en algunas mediciones), siendo cero la máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos) y 100 la máxima desigualdad (todos los ingresos los tiene un solo ciudadano).
De acuerdo al Banco Mundial, mientras que en 1992 el índice Gini era de 0.54, en 2017 el índice de Chile había bajado a 0.46.
