“Que el examen de los antecedentes recabados en la carpeta investigativa permite apreciar que los hechos materia de la acusación, tienen mérito y resultan plausibles”, con esta frase el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt daba curso a la solicitud de desafuero en contra del senador Miguel Ángel Calisto (IND-EVO) por delitos reiterados de fraude al fisco entre 2018 y 2022.
La causa contra el legislador de la Región de Aysén se remonta a 2021, cuando la Fiscalía Local de Coyhaique recibió una denuncia que daba cuenta que Calisto solicitó un préstamo por $35 millones, el cual habría sido pagado con fondos fiscales a través de las supuestas asesorías parlamentarias que realizaba Carla Graf Toledo.
Desde el Ministerio Público apuntaron a “la ausencia y luego el aporte de minutas de informes de labores parlamentarias, carentes de respaldo real, boletas de honorarios y formularios de actividades desarrolladas, con firmas falsificadas por imitación” respecto a las asesorías de Graf Toledo, quien además se desempeñaba como profesora en el Colegio Alianza Austral de Coyhaique y concretó los informes cuestionados durante su licencia médica.
Junto con ello, la Fiscalía logró, a través de peritajes contables, determinar que los montos que recibió la mujer por sus supuestas asesorías luego fueron traspasados al propio Miguel Ángel Calisto, Roland Cárcamo y Felipe Klein, llegando a un total de $105 millones.
Esto hizo que además el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querellara en junio de 2025 por estos hechos, acusando a Calisto de haber “faltado a los deberes de su cargo e incurrido en múltiples acciones de administración desleal de los fondos públicos“, al promover la firma de contratos por servicios que no fueron prestados y desembolsar más de $100 millones a la imputada, en perjuicio del fisco.
Por esta situación, el entonces diputado fue desaforado por la Corte Suprema en septiembre de 2025, quedando en condiciones de enfrentar a la Justicia, pero todo quedó paralizado luego que se impusiera en las elecciones parlamentarias de ese mismo año y fuera elegido como senador, ya que se le concedió un nuevo fuero.
Soborno y Caso Junaeb: las otras aristas judiciales de Calisto
El panorama judicial de Miguel Ángel Calisto se complicó en 2026, ya que a la reanudación de la causa por fraude al fisco se sumaron indagaciones por eventuales sobornos al ex fiscal Carlos Palma para que cerrara los procesos en su contra.
Según declaró Roland Cárcamo, el ahora senador le pagó $14 millones al otrora persecutor regional de Aysén -quien dejó su cargo tras sus vínculos con el Caso Audios – para “enterrar” las indagatorias, las que se “disfrazaron” a través de eventuales asesorías del ex fiscal a la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud.
Pero Cárcamo fue más allá y aseveró en su testimonio ante la Justicia que Miguel Ángel Calisto elaboró un esquema de defraudación al fisco que incluía funcionarios fantasmas, falsas asesorías y el uso de fundaciones para recibir dineros que utilizó con fines personales.
A esto se sumó su eventual participación en una trama de corrupción en licitaciones de raciones de alimentación de Junaeb en la Región de O’Higgins, que además involucra al senador UDI Sergio Gahona, al lobbista Darío Calderón y al otrora diputado Hugo Gutiérrez (PC).
Frente a la decisión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt de desaforarlo nuevamente, esta vez como senador, Calisto defendió su inocencia y anunció que recurrirá a la Corte Suprema.
“Tenemos presentado un requerimiento en la Corte Suprema donde solicitamos un amparo para que se pueda revisar la situación respecto a la investigación, con la finalidad de que todos los antecedentes que fueron incorporados en la carpeta investigativa puedan ser revisados y tengamos el legítimo derecho a poder defendernos”, declaró el senador desde el Congreso.
Desafuero de Calisto complica al Gobierno en Senado
El desafuero de Miguel Ángel Calisto complica la mayoría que tenía el Gobierno en el Senado, ya que el parlamentario independiente, quien además es miembro del comité Evópoli, era uno de los votos con los que contaba el Ejecutivo para conseguir sacar adelante sus proyectos.
De hecho, Calisto fue el voto número 26 que le permitió a La Moneda lograr el despacho de la polémica megarreforma de Jorge Quiroz, por lo que desde el oficialismo están expectantes a lo que decida la Corte Suprema, ya que si se ratifica su desafuero, pasarán a contar con 25 de los 50 escaños de la Cámara Alta, obligando a la Segpres a buscar un voto de los demás parlamentarios independientes para hacer valer su predominancia.
El intrincado derrotero político de Miguel Ángel Calisto está marcada por su renuncia a la Democracia Cristiana en noviembre de 2022 cuando era diputado, acusando a la DC de “entregarse a los fines de la izquierda”.
Tras esto, aterrizó en Demócratas, colectividad fundada por Matías Walker y Ximena Rincón tras su “fuga” de la falange, pero su permanencia llegó a su fin en el marco de las últimas elecciones parlamentarias, donde fue vetado por Chile Vamos para sumarse a lista que conformó junto a Demócratas, apuntando a su situación judicial.
Sin embargo, esto no le impidió encontrar respaldo político para llegar al Senado, ya que se sumó a la lista del FRVS, la que con la segura elección de Calisto buscaba evitar la disolución, a pesar de seguir integrando la bancada de Demócratas, la cual abandonó tras su llegada a la Cámara Alta para sumarse al grupo de legisladores de Evópoli.
Pero a pesar de esta situación, en caso que Miguel Ángel Calisto sea condenado a una pena aflictiva, es decir que sea mayor a tres años y un día de cárcel, el escaño que deja vacante será ocupado por un integrante del FRVS, dado que fue su lista la que le entregó el cupo para ser candidato a senador.
